Los Informes sobre la pederastia eclesial en España.

El Informe del Defensor del Pueblo y la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo (I)

Fuente:    SettimanaNews

Por   Jesús Martínez Gordo

06/01/2024

 

El 22 de febrero de 2022 el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo, Francisco Javier Cremades, informaron, en rueda de prensa, que se había encargado al bufete realizar un análisis de auditoría independiente sobre todos los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española conocidos —hasta entonces — por distintas fuentes y documentados. Se buscaba ayudar y reparar a las víctimas, así como colaborar con las autoridades sobre los casos de abuso sexual en el seno de la Iglesia en España, independientemente de las encomiendas e instrumentos de que se pudieran dotar los poderes públicos para realizar sus propias investigaciones.

Igualmente, se encargaba al bufete formular las recomendaciones que estimara necesarias para reparar el daño causado a las víctimas y prevenir los abusos en el futuro. Contaba, para ello, con un plazo de 12 meses. Al final de este tiempo, tendría que entregar el correspondiente Informe a la CEE, siendo posible una ampliación de otros 6 meses más. Era muy importante saber que el despacho se comprometía a no presentar minuta alguna y repercutir solo los gastos ocasionados por la auditoría.

Tal y como fue presentado el acuerdo y los términos del mismo, era incuestionable que la investigación sobre la pederastia eclesial iba en serio, aunque no faltaran quienes entendían que tanta urgencia no se fundaba en una más que deseable radicalidad evangélica en buscar la verdad y hacer justicia, sino en una —ya cercana e inevitable— intervención del parlamento español —a instancias del presidente del gobierno— para encomendar al Defensor del Pueblo una auditoría al respecto.

 

Recelos e intrigas

Y no faltaron tampoco los recelos sobre la posible independencia de tal auditoría, una vez conocidos los vínculos de F. J. Cremades con el Opus Dei; recelos que, por otra parte, ayudó a poner en su sitio el jesuita y profesor de la Universidad Gregoriana, Hans Zollner, teólogo, psicólogo y uno de los mejores especialistas en pederastia eclesial del mundo: “no pueden permitirse cometer un error, será más duro el examen de la opinión pública”.

A partir de este momento es poco lo que trasciende de los trabajos que realiza el bufete, más allá de la solicitud de un aplazamiento hasta julio de 2023, para la entrega del Informe, una vez transcurrido el plazo inicialmente acordado para marzo del mismo año. Y con este aplazamiento, otros posteriores que no gustaron nada a los obispos. Pero digo que “es poco” lo que “trasciende” públicamente de los trabajos realizados por el bufete porque los obispos sí que pudieron contar con avances que el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo les facilitaba, a medida que se iba cerrando su trabajo.

Hubo, sin embargo, dos acontecimientos que chirriaron de manera particular: el primero, que Alfredo Dagnino —ex presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y director de uno de los cuatro grupos de trabajo en que se había dividido el equipo de Cremades— fue despedido del despacho en octubre de 2023, acusado de haber entregado un resumen del trabajo (e, incluso, el Informe completo), al parecer, muy benévolo con la institución y minimizando el número de casos. “Hemos visto el informe de dos mil páginas —comunicarán fuentes de la CEE al Diario ABC— y está muy bien, no entendemos por qué no se nos entrega ya y podemos cerrar la cuestión”. Parece que la decisión de no presentar dicho Informe a los 18 meses fue tomada por F. J. Cremades. Y —de nuevo, parece— que la tomó para que pudiera ser revisado por otros miembros del equipo de trabajo, provocando un gran malestar entre él y A. Dagnino, así como la subsiguiente pérdida de confianza entre ellos y, finalmente, la posterior desaparición del expresidente de la ACdP del bufete Cremades & Calvo-Sotelo. Y, no se puede obviar, su posterior contratación por la Conferencia Episcopal Española.

Pero este “affaire” provocó, también, que una buena parte de los obispos españoles empezaran a cuestionar las cifras y la oportunidad del “Informe de auditoría sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España”, dado a conocer el 21 de diciembre de 2023 por la CEE: “llega tarde”, dirá el cardenal J. J. Omella, muy probablemente a la luz del texto adelantado por A. Dagnino y una vez conocidos los resultados del Informe del Defensor del Pueblo.

Y el segundo de los hechos es que la Conferencia Episcopal Española, publicó el 1 de junio de 2023 un Informe propio —fechado el 30 de mayo— sobre la pederastia eclesial titulado “Para dar luz” (que acabará conociéndose como “Para dar luz I”). En dicho Informe se facilitaban unas cifras sobre la pederastia eclesial, al parecer, muy cercanas a las que —supuestamente, de nuevo— proporcionará A. Dagnino más adelante a los obispos: 728 abusadores desde 1950 y, al menos, 927 víctimas.

 

1.- El Informe del Defensor del Pueblo

En el marco de este sorprendente cruce de filtraciones y diferenciadas cifras de la pederastia eclesial y de una relación —progresivamente complicada entre la CEE y el equipo de Cremades & Calvo-Sotelo— se publica, a finales de octubre el Informe del Defensor del Pueblo (775 páginas). El 1 de noviembre de 2023 publiqué en “El Diario Vasco” un comentario al mismo que me parece oportuno transcribir.

He leído con detenimiento —comenzaba dicho comentario— la “Presentación” del “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria” (27.X.23). También he leído con detenimiento el capítulo octavo, dedicado a las “conclusiones y recomendaciones” que formula el Defensor del Pueblo. Y, “en diagonal” el resto del documento. De la lectura realizada me queda una extraña sensación, a la vez, de esperanza y desaliento.

 

1.1.- Motivos de esperanza

De esperanza, porque —en medio de la tragedia— se ha puesto a las víctimas en el centro del diagnóstico: “lo sucedido es para ellas y para toda la sociedad un verdadero desastre”.

De aliento, también, porque se formulan orientaciones que apuntan a su reconocimiento y a la reparación; porque se recuerda la importancia de facilitar el apoyo psicológico a las víctimas, así como de mejorar su atención en el sistema judicial; porque se subraya la centralidad de la prevención, de la formación, de la sensibilización y de seguir impulsando la investigación: todavía es mucho el dolor que escuchar y conocer.

Y también porque se urge a reparar, simbólica y económicamente. De esperanza, igualmente, porque se evita la existencia de víctimas de primera y de segunda división cuando sostiene que el “abuso sexual infantil” “no se limita a una institución (la eclesial) y afecta, de un modo u otro, a todos los ámbitos (civiles) de socialización de los menores de edad”.

Y, finalmente, me siento alentado porque sostiene dos puntos que —referidos a la Iglesia católica— me gustaría que no pasaran inadvertidos: en primer lugar, la denuncia de que la pauta habitual de esta institución, “al menos a nivel oficial”, ha sido la minimización o negación del problema; algo, particularmente grave, vista “su aspiración a ejercer un liderazgo moral”. Y, en segundo lugar, el reconocimiento de que la Iglesia católica está necesitada de “un cambio estructural  (…) en la línea de lo que han reclamado los informes emitidos en otros países”.

 

1.2.- Patinazo, en versión hispánica

Pero he dicho —proseguía— que la lectura del Informe, además de abrirme a la esperanza en los puntos que acabo de reseñar, también me ha dejado descorazonado y, por ello, necesariamente, crítico. Visto lo sucedido en Francia con el Informe CIASE sobre la pederastia eclesial ¿era necesario que el Defensor del Pueblo encargara una encuesta demoscópica sobre este asunto? ¿No hubiera sido mejor ofrecer un diagnóstico, como lo han hecho los investigadores alemanes y suizos, a partir de los casos incontestablemente conocidos o reconocidos?

Mi desaliento se incrementa cuando se escuchan las extrapolaciones a las que se presta —como ya sucedió en Francia— dicha encuesta demoscópica.

Y con las extrapolaciones, los comentarios salidos de tono y las interpelaciones ancladas en el “y tú, más”. ¿Cómo es posible, se viene oyendo en Francia desde 2021, que prestemos atención a los supuestos 330.000 abusados por sacerdotes, religiosos o laicos al servicio de la Iglesia y no atendamos, como también se merecen, los supuestamente restantes 5,2 millones de niños franceses abusados sexualmente en otras instituciones civiles?

En estos días estamos asistiendo a una versión hispánica de este lamentable patinazo, de las extrapolaciones a las que se presta y del embarrado debate que está provocando: ¿cómo es posible, vengo escuchando, que se dé más importancia, según la extrapolación realizada por algunos medios de comunicación, a los supuestamente 440.000 abusados en la Iglesia católica y no se tengan presentes los millones de personas (más de cinco millones) que, también supuestamente, habrían padecido abusos, por ejemplo, en el ámbito familiar, en la vía pública o en los colegios no religiosos?

He aquí la causa de mi desaliento; algo que el Defensor del Pueblo me podría haber evitado si se hubiera ahorrado la muestra demoscópica, a la luz del bronco y estúpido debate abierto en Francia y de la acogida habida en Alemania y en Suiza de sus respectivos Informes, a partir de casos reales e incontestables.

 

1.3.- El precio que se puede pagar

Y finalizaba mi aportación formulando y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué precio se puede acabar pagando, además del de la credibilidad de algunos medios de comunicación social que han impulsado o han hecho la ola a una de las extrapolaciones a las que se presta la muestra sociológica y han ocultado otras posibles?

Creo que dos: el desplazamiento, en primer lugar, de la centralidad que han de tener —como muy bien se subraya en el Informe— las víctimas y no, añado por mi cuenta, las filias y las fobias clericalistas o anticlericalistas de turno. Y el segundo, la irrelevancia en que puede quedar sumida la recomendación —fuertemente subrayada en el Informe— de seguir transformando la sociedad y sus instituciones; una recomendación que, en el caso, de la Iglesia, pasa por adoptar no solo “compromisos públicos” de reconocer las víctimas y reparar el daño causado, sino también, de proceder a “la reforma institucional, en lo que sea necesario”. Cerraba mi aportación formulando un deseo: “Ojalá que mis temores sean infundados”.

 

1.4.- “Delirio estadístico”

Después de escribir este artículo de opinión he escuchado decir a Narciso Michavilla, director de  GAD3 —la empresa encargada de realizar la encuesta publicada en el Informe del Defensor del Pueblo— que la extrapolación realizada por algunos medios de comunicación social no pasaba de ser un “delirio estadístico”. Era evidente que iba a costar —y mucho— mantener la cabeza fría (para hacerse con un diagnóstico fiable y proceder en consecuencia) y el corazón caliente (para no perder de vista la centralidad de las víctimas y aparcar tanto los intereses ideológicos como las polarizaciones en liza).

Y, siendo ésta la situación, que algunos calificarán —como he adelantado— de “embarrada”, llegamos al 21 de diciembre de 2023, fecha en la que los obispos españoles, a la vez que difunden el Informe de la auditoría encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, dan a conocer otro, de la misma Conferencia Episcopal Española, titulado “Para dar luz”, en continuidad con el hecho público en junio del mismo año (denominado, a partir de ahora, “Para dar luz II”) y en el que se facilitan unas cifras que no coinciden ni con las aportadas por la auditoría Cremades ni tampoco con las facilitadas por el Defensor del Pueblo.

Pero vayamos por partes, empezando por el llamado Informe Cremades, de 956 páginas.

 

2.- El Informe - auditoría de Cremades & Calvo Sotelo

El Informe, como se puede apreciar por lo expuesto, llega —a diferencia del ya presentado por el Defensor del Pueblo— con una doble “perdigonada en el ala”: en primer lugar, por sus sospechosos aplazamientos; por el “affaire” de la complaciente relación entre A. Dagnino y la CEE (materia para una novela de intriga) y, sobre todo, por las diversas apuestas existentes sobre la perspectiva que tendría que presentar la redacción de la Auditoría: desde la más complaciente con los obispos, liderada por A. Dagnino, y la más crítica, capitaneada por F. J. Cremades. Y, en segundo lugar, por las reticencias que se habrían activado contra la Auditoría —como filtran sus críticos en los medios— en algunas diócesis y congregaciones sobre la calidad de la metodología empleada y el trabajo de campo realizados, así como por las quejas de las víctimas.

A estas críticas al Informe Cremades & Calvo-Sotelo —para nada inocentes— habría que sumar el conocimiento de los gastos ocasionados, que vendrían a estar —según algunas fuentes— por encima de un millón doscientos mil euros; una observación que personas cercanas al bufete —y como también se puede concluir de la lectura de la Auditoría— se encargan de poner en su sitio indicando que los honorarios profesionales del trabajo realizado por los abogados —y no cobrado a la CEE— vendría costar —al precio actual del mercado— en torno a los nueve millones y medio de euros. Sí se ha repercutido —indican seguidamente— “todos los gastos de desplazamiento, organización y costes en los que ha incurrido para atender a los profesionales internos y externos de la firma. La cantidad completa de los gastos repercutidos es de 750.000 Euros”.

 

2.1.- Puntos más sobresalientes

Antes de adentrarme a exponer algunos de los puntos que considero más reseñables de esta Auditoría, me llama la atención la advertencia realizada al bufete por Jan Marc Sauvé, presidente de la Comisión Independiente francesa, encargada de realizar el estudio correspondiente en Francia, conocido como Informe CIASE: la misión encomendada es difícil; tanto, que va a ser “imposible de realizar un trabajo que pueda contentar a todos”. Casi parece una premonición de la acogida que va a tener esta Auditoría, sobre todo, entre los obispos y entre algunos medios de comunicación.

 

2.2.- Enfoque integral y relatos “creíbles”

El primer punto que me llama la atención es su apuesta por asumir un acercamiento empático a las víctimas, una apuesta que lleva a reconocer a los miembros de la Auditoría la insuficiencia de una aproximación jurídica y a propiciar “un enfoque integral”, sin “enjuiciar, valorar o determinar —algo que no va a compartir la CEE en su Informe— la validez de los relatos sino dar credibilidad a todos ellos poniendo a la víctima y su relato en el centro de este trabajo”. Tal apuesta explica que los auditores entiendan “fundamental adoptar la perspectiva psicológica y sociológica”, además de la que se asienta en “el punto de vista del derecho” y de la “responsabilidad moral”.

 

2.3.- La “estimación”

El segundo punto que también me llama la atención, es la negativa del despacho a “realizar extrapolaciones sociológicas sobre las cifras, como se hizo en Francia o realizar consideraciones de naturaleza teológica o canónica”. El objetivo es “estudiar la mejor respuesta institucional ante los abusos sexuales a niños, niñas y adultos en situación de vulnerabilidad”. Esta es la razón por la que la Auditoría “se realiza sobre todos los casos documentados”, facilitados “por las propias instituciones de la Iglesia, por organismos públicos competentes, las personas expertas, los medios de comunicación y las víctimas”.

Gracias a los datos proporcionados por tales fuentes, sostienen —algo que, igualmente, va a ser criticado en el Informe de la CEE— que “el número total de denuncias recibidas de las instituciones de la Iglesia asciende a 961”. A ellas hay que añadir 118 “comunicadas exclusivamente al Defensor del Pueblo”; otras 305 provenientes del Dicasterio vaticano de Doctrina de la Fe; 55 denuncias extraídas del canal de denuncias del propio bufete, que se reducen a diez nuevas, para concluir “un total de 1.383, con un número de víctimas indeterminado”. Sin embargo, prosiguen los auditores, es posible estimar, a partir de tales denuncias, “un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior, por lo que debemos afirmar que el número de víctimas es indeterminado, siendo también indeterminado el número de victimarios”.

Seguidamente indican que “no hablamos de casos sino de denuncias”, siendo muy conscientes de que “lo  importante no  es  el  número, sino el  dolor y  el  daño producido en cada una de las víctimas”; algo de lo que dan testimonio cuando indican que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido resaltando que el término “abusos o tocamientos” abarca “una realidad muy heterogénea”, aunque se refieren también “felaciones, violaciones, introducción de pene u objetos en órganos genitales o boca, tocamientos en genitales, tocamientos en culo, pechos, cuerpo, tocamiento libidinoso, besos no consentidos, abrazos libidinosos, lametones en cuello y cara, contacto físico no consentido, desnudos no consentidos”.

Y completan esta información señalando que “el lugar de los hechos más repetido son los colegios y seminarios menores y mayores”, presentando la persona victimaria el siguiente perfil: mayoritariamente sacerdote/religioso/a, profesor/a responsable académico del menor siendo el porcentaje aproximado en el 99% de los casos, aunque también se encuentran casos de “sacristanes, celadores, responsables de administración, actividades extraescolares o catequistas”. Las fechas de comisión de los hechos de los que se ha tenido noticia van “desde el comienzo de los años 40, y hasta el día de hoy: alrededor de 80 años en total”.

Estos datos —y los dramas que encierran— dan pie a los auditores para ofrecer dos importantes consideraciones.

 

2.4.- Protección de la Iglesia e indefensión de las víctimas

Según la primera, después de haber cotejado estas cifras con las conocidas gracias a los Informes de otras iglesias, comprueban que “se repite prácticamente en todo el mundo la prioridad de proteger a la institución y su reputación por encima de todo y también es frecuente que se preste escasa atención a las víctimas una vez recibida la denuncia, impidiéndoles formar parte del proceso”. Desgraciadamente, la Iglesia española no es una excepción.

Pero eso, siendo muy grave, no es todo. Las medidas que ha tomado esta Iglesia —señalan en segundo lugar— han sido tardías, desigualmente asumidas y adoptadas casi siempre como reacción a los acontecimientos”, además de “globalmente insuficientes”. Por eso, los auditores preguntan “cuál ha sido el papel que han desempeñado los Obispos españoles y los superiores de órdenes religiosas”, para responder seguidamente que “en nuestra propia experiencia, no pocas veces nos hemos encontrado con una actitud defensiva, de parálisis, ocultamiento y hermetismo por parte de algunas de las autoridades eclesiásticas entrevistadas. Hemos constatado que lo que suele prevalecer en algunas autoridades de la Iglesia es la interpretación de que las críticas son un ataque orquestado para desprestigiar a la institución a través de la instrumentalización de las víctimas”. 

 

2.5.- “Los obispos no hicieron bien su trabajo”

Y los redactores de la Auditoría rematan esta segunda consideración trasladando el parecer de muchas de las víctimas a las que han escuchado en estos términos: “están convencidas de que los Obispos no hicieron bien su trabajo”. Leyendo estas líneas, me encuentro con una importante constatación que —así me parece— no percibo recogida ni debidamente tomada en consideración en el capítulo dedicado a las recomendaciones.

En todo caso, concluyo este segundo apartado de mi lectura de la Auditoría centrado en los datos, recogiendo lo que sostienen sobre “la ignorancia que existía en la sociedad hace unos años”. De esta ignorancia, apuntan, “las propias víctimas no eran una excepción”, algo que ha provocado “que el daño se agravara a través de la negligencia en la reacción del entorno. Esa ignorancia ya no existe y, por tanto, no se puede emplear como excusa. Ni la Iglesia ni ninguna institución  puede argumentar  hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia”.

En tercer lugar, la Auditoría recuerda en diferentes ocasiones que no se trata solo de “ofrecer unas cifras —cuestión indispensable—, sino también de proponer una  reparación integral  y  establecer los  mecanismos para  su cumplimiento, evitar casos futuros y prever la adecuada respuesta ante los que existan”.

 

2.6.- Propuestas para la reparación

Pero, antes de adentrarme en el apartado dedicado a la reparación y establecimiento de algunos mecanismos institucionales, creo que no se puede perder de vista una recomendación que no me parece que esté de más, visto el enfrentamiento —creo que ya claro a estas alturas de la exposición— entre los Informes de Cremades & Calvo-Sotelo y el de la CEE: hay que “fomentar —recomiendan los primeros— investigaciones académicas y profesionales sobre abusos sexuales perpetrados en instituciones religiosas y su relación con la violencia espiritual y sus efectos devastadores, así como en materia de deontología de los ministerios para elaborar códigos de conducta y medidas sancionadoras”. Si no me equivoco, la toma en consideración de una recomendación análoga —recogida en el Informe MHG de la Iglesia alemana— propició las famosas reevaluaciones diocesanas, a fecha de hoy, todavía no cerradas en aquel país.

Recogida y contextualizada esta recomendación, paso a exponer lo que me llama la atención de las propuestas referidas a la reparación.

En primer lugar, su insistencia permanente en que sea “integral”: “reconocer el daño producido y honrar el dolor de las personas que han sido víctimas de cualquier forma de violencia en el seno de la Iglesia, tanto niños, niñas y adolescentes como personas adultas, pidiendo perdón públicamente no sólo por el daño sino por el silencio permitido”.

A ello hay que añadir la urgencia en “tomar las medidas de prevención necesarias para tratar de que no vuelva a suceder”, y brindar a las personas que fueron víctimas recursos de calidad para la reparación de su daño”, lo que incluye “diversos tipos de recursos, incluidos recursos psicoterapéuticos de calidad, asesoramiento legal e indemnización económica. El trauma no se olvida pero se puede integrar y recuperar la posibilidad de un desarrollo pleno. Es un proceso lento y no es un proceso lineal, pero con el acompañamiento necesario, la sanación es una realidad innegable”.

Y para que tal objetivo no se quede en la formulación de un buen deseo, la puesta en marcha de una Comisión Independiente que se encargue de realizar una “reparación integral”, no excluyendo “la exigencia de una responsabilidad penal de la persona victimaria, donde la reparación sea acordada con la víctima”. Junto a ello, “cuando la víctima así lo desee, el procedimiento de determinación de la reparación debida debe ser solemne y, en ningún caso, debe implicar exención de responsabilidad penal de la persona victimaria”. Obviamente, dicha Comisión queda obligada a garantizar que el servicio de reparación sea realizado “por personal experto especializado y con formación específica en materia de violencia contra los niños y, en particular, en abuso sexual”.

 

2.7.- Propuestas para la prevención

En lo referente a la prevención, es decir, a “evitar casos futuros y prever la adecuada respuesta ante los que existan”, la Auditoría urge a la CEE a que establezca, en paralelo con la Comisión Independiente, una segunda Comisión, en este caso, “de Protección responsable del seguimiento y evaluación de todas las medidas contempladas en este informe”. Esta Comisión “debe estar compuesta de forma multidisciplinar y debe incluir personas situadas en la intervención directa. Y debe comprometerse a garantizar la transparencia y rendición de cuentas del proceso elaborando un Plan de Prevención”. Ha de coexistir con “un equipo coordinador del proceso” y de un servicio de asesoría legal en cada diócesis, así como de “una figura de acompañamiento a las víctimas con formación en psicología que pueda realizar el acompañamiento a la persona que llega y realizar las reuniones necesarias hasta poder definir las necesidades de reparación que tiene la persona”.

También merece ser reseñada la recomendación de crear un “fondo” en el que participen “la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros”. “Las aportaciones  económicas  a dicho patrimonio  —indican los redactores del Informe— no debieran provenir de aportaciones realizadas por los feligreses, ni de las donaciones recibidas vía impuesto del IRPF”, ni tampoco solo del “patrimonio que tuvieran las personas victimarias”, sino “con cargo  a  un  patrimonio  separado adscrito a este fin” “que  creará  la Iglesia Católica” y que “se constituirá  y nutrirá con sus propios recursos  económicos”. “Las indemnizaciones” pueden oscilar “entre 6.000 y 100.000 euros”, “en función de las circunstancias concretas de cada abuso y los daños producidos”.

 

2.8.- Un drama, sobre todo, social

Me parece oportuno finalizar la presente recensión trayendo a colación un punto que —así lo entiendo— va a ser central en el Informe de la CEE y que el bufete también contempla, aunque no con la fuerza que los obispos le van a conceder: “el trabajo que hemos realizado, que esperamos mejorar, ofrece una experiencia y aprendizaje a la sociedad española, que tiene un enorme problema con los abusos a menores, tal y como ha señalado el Fiscal General del Estado, ‘Save the Children’, o la Fundación ANAR”.