Ningún obispo impuesto...: Tampoco en 2016

 Jesús Martinez Gordo

Nuevamente, malestar y perplejidad en la Iglesia católica vasca. Y también, incertidumbre.

Malestar, en primer lugar, y mucho, en la diócesis de S. Sebastián por la gestión de Mons. J. I. Munilla a lo largo de los seis años que lleva al frente de la misma. Es lo que se concluye del último balance dado a conocer por “Eutsi Berrituz”, un importante, y numeroso, colectivo de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicas y laicos guipuzcoanos, y del que se ha tenido conocimiento a través de diferentes medios de comunicación social.

Perplejidad, en segundo lugar, por el silencio público de Mons. M. Iceta, obispo de Bilbao, ante las reiteradas denuncias por no haber recibido ni escuchado a la familia de un ex-alumno del colegio Gaztelueta, presuntamente víctima de abusos por parte de su profesor-tutor. Y perplejidad también por el procedimiento empleado en la nominación, del nuevo obispo de Vitoria, el sacerdote navarro J. C. Elizalde, continuando, por desgracia, la línea imperante estos dos últimos siglos.

E, igualmente, incertidumbre por el rumbo que pueda marcar el nuevo equipo de prelados a partir del próximo 12 de marzo (fecha de ordenación y entrada del obispo de Vitoria).

¿Se va a “cerrar el círculo”, al parecer, diseñado hace algún tiempo por el cardenal, ahora arzobispo emérito de Madrid, A. M. Rouco, con el propósito de “normalizar” y “desnacionalizar” estas iglesias? En consecuencia con ello ¿se seguirá aparcando toda participación corresponsable (democrática) en la elección, por ejemplo, de los vicarios generales de Bilbao? Los mismos vicarios generales, prolongados en su tarea, sin consulta de ninguna clase al pueblo de Dios, ¿van a seguir jugando al posibilismo en nombre de una supuesta paz y tranquilidad diocesanas que acaba dañando la corresponsabilidad eclesial y su credibilidad personal?

Más aún. Una vez jubilado Mons. M. Asurmendi, ¿se concentrarán todos los seminaristas en Pamplona o regresarán, más bien, los de S. Sebastián a Vitoria, sumándose a ellos los de Bilbao? ¿Se erigirá, por fin, un seminario interdiocesano?

El nuevo equipo de obispos ¿apostará por sumar (y optimizar) los escasos recursos humanos y económicos existentes en cada una de las tres diócesis y pondrá en marcha una facultad de teología interdiocesana que sea referencial para la Iglesia y para el País Vasco?

Y, sin ánimo de agotar los muchos asuntos en juego, Don J. C. Elizalde ¿será capaz de quebrar semejantes diagnóstico y estrategia y traer a nuestras diócesis —a pesar de las limitaciones que presenta su nombramiento— un poco del aire fresco y primaveral que está insuflando el papa Francisco a la Iglesia?

¡Ojalá fuera así!

En todo caso, son demasiadas preguntas y casi ninguna respuesta.

Bueno, sí. Sí que ha habido algún que otro esclarecedor movimiento (o estancamiento) en estos últimos años: el “traslado” (“manu militari”) a Pamplona de los seminaristas de S. Sebastián y el “mutis por el foro” del obispo de Bilbao ante la posibilidad de erigir una facultad interdiocesana de teología.

Queda por ver si, a partir de ahora, vamos a asistir a la culminación de esta estrategia supuestamente “normalizadora” y “desnacionalizadora” o si, más bien, se va a producir un cambio de ciclo, esta vez sí, sin trampa ni cartón.

A la espera de lo que nos depare el nuevo equipo de obispos, quizá no esté de más recordar que muchos de tales malestares, perplejidades e incertidumbres son consecuencia de la manera de nombrarlos que, lamentablemente, perdura en la actualidad y que se caracteriza por no tener en cuenta la voluntad de los directamente concernidos (imponiendo los obispos que quiere el grupo de presión que controla los oportunos resortes) y, lo que es más triste y escandaloso, por favorecer que algunos de los nombramientos realizados puedan ser interpretados como nepóticos ¿Qué otra exegesis es posible —se preguntan algunos— para que se haya nominado a Mons. A. Carrasco Rouco, sobrino carnal del cardenal A. M. Rouco, para presidir la diócesis de Lugo?

¡Qué cosas!

Urge recuperar, cuanto antes, la praxis que ha sido tradicional durante los dieciocho primeros siglos de la Iglesia: la elección de los obispos resultaba de un acuerdo entre la voluntad de los directamente concernidos y la responsabilidad de velar y garantizar la unidad de fe y la comunión eclesial que era (y sigue siendo) propia del sucesor de Pedro. Así se imposibilitaba, con palabras del papa S. Celestino I (422-432), que el obispo fuera impuesto.

Este principio ha estado operativo hasta que una insoportable injerencia de los poderes civiles (el llamado galicanismo) llevó a que el sucesor de Pedro se reservara el derecho de nominación, movido por la necesidad de defender la libertad de los prelados y, con la de ellos, la de la Iglesia.

El concilio Vaticano II reivindicó la libertad de la comunidad cristiana para elegir sus obispos. Y, a su luz, ha reaparecido la exigencia de que el pueblo de Dios recobre su protagonismo.

Sin embargo, es una demanda que solo ha quedado recogida de manera colateral en el actual Código de Derecho Canónico. Según el artículo 377 & 1, el papa “nombra libremente a los obispos”. Es el procedimiento habitual. Pero, seguidamente, señala (recogiendo la praxis de unas treinta diócesis alemanas, austriacas y suizas) que “confirma a los que han sido legítimamente elegidos”. Estas iglesias locales intervienen en la elección de sus respectivos obispos, bien sea presentando una terna a la Santa Sede o eligiendo a uno de los tres propuestos por el Vaticano.

Es un procedimiento que no ha gustado a la curia vaticana; sobre todo, en el pontificado de Juan Pablo II. Por eso, siempre que ha sido posible, ha emitido el mensaje de que se trataba de un “privilegio” que había que erradicar cuanto antes. En el fondo, una falacia que ha buscado (y busca) acallar a las diócesis que quieren acogerse al mismo. Y es posible que también se trate de una estrategia para ocultar (o, al menos, despistar) algunos de los problemas que presenta su defensa, más formal que real, de la libertad del papa: nepotismo, floración de “lobbys” eclesiásticos y desmedido poder de la misma curia. Como muestra, basta un botón.

En su día fue muy comentado el diálogo sostenido entre el obispo Felipe Fernández y el papa Juan Pablo II en la audiencia concedida a un grupo de prelados españoles con ocasión de una de las visitas que, preceptivamente, han de realizar todos los obispos del mundo a la Sede Primada cada cinco años (llamadas “ad limina”).

En el origen de este diálogo que, ahora reconstruyo, se encuentra el interés del papa Wojtyla por visitar Ávila y Alba de Tormes en el primero de sus viajes a España; un interés fundado en sus trabajos —siendo un joven estudiante— sobre S. Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. El papa visitó las citadas ciudades el 1 de noviembre de 1982. Tuvo en ellas sendos encuentros con los monjes y monjas de clausura y quedó impresionado de aquella jornada. Tanto, que retuvo el nombre del entonces obispo abulense: Mons. Felipe Fernández.

Años después, el episcopado español realizó una de las referidas visitas “ad limina”. Una vez pulsada la situación de las diferentes diócesis en los dicasterios vaticanos, los prelados se reunieron con Juan Pablo II.

Como es de suponer, son muy pocos los obispos a quienes el papa conoce por su nombre. Sin embargo, había uno en el grupo del que se acordaba perfectamente: de Mons. Felipe Fernández, obispo de Ávila. Y así lo identificó y saludó Juan Pablo II. La reacción de D. Felipe fue inmediata: “Santidad —respondió— soy, efectivamente, Felipe Fernández, pero no soy el obispo de Ávila. La sorpresa del papa fue casi mayor que la del obispo tan inusualmente identificado: “¿Cómo? ¿Que no eres el obispo de Ávila?” “Efectivamente, Santidad, soy el obispo de Tenerife. Y lo soy desde el año 1991”. La posterior pregunta de Juan Pablo II fue directa y asombrosa para los no iniciados en los procedimientos curiales: “Pero ¿y quién te ha mandado allí?” “Vd. Santidad”, respondió D. Felipe. Y la reacción final del papa (a medio camino entre el desconcierto y la incredulidad) fue bien elocuente del peso de la curia vaticana: “¿Yooooo?”

La conclusión es difícilmente cuestionable: es preciso cambiar en el artículo 377 & 1 del Código de Derecho Canónico la frase principal por la subordinada: “el papa confirma a los obispos que han sido legítimamente elegidos y, en circunstancias excepcionales, los nombra libremente”. Una propuesta para que, lo que ha sido extraño en la inmensa mayoría de las diócesis durante estos dos últimos siglos (la intervención del pueblo de Dios), pase a ser lo habitual. Y para que lo que, hasta el presente, ha sido rutinario (el nepotismo, los “lobbys”, la curia y, finalmente, la imposición), acabe desterrado.

Y si semejante cambio se antoja una petición imposible, siempre queda poner en marcha una campaña para que, a las diócesis que así lo deseen, se les aplique el mismo (o parecido) procedimiento que el empleado para las alemanas, austriacas y suizas. No es previsible que sean legión los obispos que avalen semejante petición ante la Santa Sede, pero tampoco un disparate o una alucinación. Algunos milagros todavía son razonablemente posibles…

He aquí, cómo evitar muchos de los malestares, perplejidades e incertidumbres que hoy se enseñorean no solo de la diócesis de Vitoria, sino también de las de S. Sebastian y Bilbao. Y tengo el pálpito de que no solo de ellas.