La convivencia, una asignatura pendiente

Nacemos y nos hacemos personas conviviendo. En el seno materno. En la familia y en la vecindad. En las comunidades de juego y trabajo. Y en ese convivir se manifiesta, lo mejor y lo peor de nuestra condición humana: la grandeza de dar la vida y la ruindad de destruir la propia y la de los demás. El relato sobre Abel y Caín sigue siendo actual. Hay muchas personas que sirven a otras, siendo solidarias en el compromiso de mejorar las condiciones de vida y la felicidad de quienes les rodean. Pero también hay hermanos que se odian hasta matarse, personas que torturan a sus parejas, niños que son explotados, inocentes a los que se les niega lo mínimo para vivir ... Convivir puede significar, por tanto, vivir unos a favor de otros en beneficio común o, vivir unos contra otros, de modo que la felicidad de unos se base en la desgracia ajena.

No somos una excepción. También en nuestra tierra han crecido juntos el trigo y la cizaña. Y tanto lo bueno como lo malo no es ajeno a la acción, omisión o concurso de las personas concretas que convivimos aquí y ahora. Es verdad que la responsabilidad de los crímenes cometidos no debe diluirse en una sociedad general anónima, ni atribuirla a un estado de violencia genérico. El bien hacer y el mal hacer éticos dependen de la reacción de las personas ante contextos concretos. Pero el avance en la humanización más positiva de la convivencia no se logra sólo porque quienes mataron dejen de hacerlo. Hace falta la implicación positiva de todas las personas afectadas, de aquellas que más padecieron y también de las que por temor o cobardía negaron la compasión a quienes son víctimas de la injusticia, fuese quien fuese su autor responsable directo.

Se afirma que estamos en una “nueva etapa”. Es nueva porque ha triunfado la voluntad democrática de nuestra sociedad, que ha hecho desistir de su bárbaro empeño a quienes querían que optásemos entre el tiro en la nuca de unos o la cal viva de otros. Pero, también en este “nuevo tiempo”, hay presión organizada para que nos pongamos a favor de quienes piden venganza infinita (“que se pudran en las cárceles”) o a favor de declarar “héroes populares” a quienes han perseguido y asesinado alevosamente a sus conciudadanos. Y no caer en esta cruel tenaza solo será posible desde la firmeza ética comprometida de la mayoría de los ciudadanos.

Es deber de todo demócrata denunciar la injusticia que se haya cometido con cualesquiera de sus conciudadanos. Son legítimas e imprescindibles las iniciativas que no olvidan las injusticias que han jalonado nuestra historia reciente, que demandan el reconocimiento de la verdad de tales injusticias y que reclaman su reparación. No partimos de cero. Cuanto mayor coincidencia y solidaridad en tal sentido, será más sincera la convivencia. Y las instituciones democráticas así como los distintos foros públicos comunes a los ciudadanos, tienen el deber de facilitar el ejercicio de tales iniciativas.

Es, sin embargo, contrario a la consolidación de la convivencia democrática, que se exija de la sociedad en su conjunto la aceptación de cualesquiera de estas tres trampas: a) que sólo se tomen en cuenta unas injusticias y no las otras, o b) que determinadas personas sean reconocidas como ciudadanos ejemplares por el sólo hecho de haber sido víctimas o, c) que se reclame la declaración de héroes del pueblo para quienes injustamente mataron o para sus colaboradores. Y es deber de las instituciones democráticas de cualquier ámbito no caer en ninguna de las tres trampas, porque son un mal camino.

En nuestra sociedad hay iniciativas sociales que promueven el buen camino que no siempre son secundadas desde las instituciones competentes. Pero hay igualmente iniciativas sociales que promueven el camino de las tres trampas que son secundadas por instituciones que debieran velar por el interés democrático común.

La mejora de la buena convivencia no puede imponerse desde arriba, sino que debe ser trabajada desde abajo, compartiendo proyectos, alegrías y desgracias, y en los momentos difíciles como los que estamos viviendo, compartiendo incluso el trabajo escaso y las consecuencias dolorosas de la crisis económica. El desacuerdo es inevitable en la convivencia, pero ha de evitarse su utilización para destruir o excluir a los que discrepan. Sólo así será posible avanzar en una convivencia normalizada, entre los que nos hemos dado la espalda largo tiempo o incluso los que han usado o apoyado ilegítimamente la fuerza de las armas.

En nuestros pueblos se ha matado impunemente largos años y los casos de tortura han sido también demasiados. La extorsión y el chantaje han sido una práctica extendida. Por todo ello se necesita una auténtica terapia reparadora, que además de curar heridas del pasado, fundamente un proyecto común. Es necesario, asumir un código ético que sea referencia compartida para impedir el deterioro y favorecer la mejora de la convivencia en cada vecindad, pueblo, barrio, calle o lugar de trabajo, incluso en manifestaciones culturales y lúdicas de muy diversa índole. Es decir, en todos los ámbitos de nuestras relaciones sociales.