Gobierno y obispos exhiben sintonía en la cesión de propiedades de la Iglesia por vivienda social

Fuente:   catalunyareligio.cat

Por   Jordi Listerri i Boix

16/02/2026

Fotografía: Cataluña Religión.

Todo el mundo sale ganando. Éste es la idea del acuerdo que han presentado este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas. La Iglesia cede a la administración pública el uso de inmuebles que actualmente no están en condiciones para hacer viviendas sin perder su propiedad. Y la Generalitat realiza la inversión necesaria o los trámites por el cambio de usos y pone estos inmuebles en alquiler social. La Iglesia soluciona la gestión de edificios que piden una fuerte inversión o que es difícil darle un uso social y la Generalitat aumenta la bolsa de vivienda social. 

Esta mañana Illa i Planellas han firmado el protocolo que regula esta colaboración en un acto en el Palau de la Generalitat, una de las primeras apariciones públicas de Salvador Illa después de la baja médica. Planellas ha firmado el protocolo como presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense en nombre de los diez obispados de Catalunya también como representante de las congregaciones religiosas agrupadas en la Unión de Religiosos de Catalunya (URC). La firma por parte del presidente de la Generalidad muestra la implicación de varios departamento de la Generalidad en este proyecto, como Territorio, Justicia o Derechos Sociales. A la firma también han asistido los consejeros Silvia Paneque y Ramon Espadaler, el obispo de Lleida, Daniel Palau, y el director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas.

 

Un tema de país

"El tema de la vivienda es un tema de país, del Govern. Y como tema de país tenemos que ponernos todos: tenemos que sumar". Así resumía Planellas el espíritu del acuerdo, en unas palabras en plena sintonía con las del presidente de la Generalitat. Ambos han coincidido en remarcar la "capilaridad" de la Iglesia por su presencia territorial y por su conocimiento directo de la realidad social del país. 

Planellas ha destacado que este tipo de acuerdo demuestran que "la Iglesia no es meramente una institución privada: tiene una finalidad pública", que sobre todo se visualiza con un patrimonio "al servicio de la Iglesia, pero sobre todo de la sociedad". El arzobispo ha enmarcado este acuerdo en el “ingente trabajo” que realiza desde hace siglos la Iglesia en el ámbito social y que “es poner nuestro grano de arena al solucionar el gran déficit de vivienda de nuestro país”. 

El presidente Illa ha revelado que este acuerdo se ha ido gestando durante meses y en conversaciones con varios obispos. Especialmente por una demanda directa que le hacen los responsables de las diez Cáritas de Catalunya en una reunión con el obispo Xabier Gómez . Allí Cáritas reiteró que "la raíz de la desigualdad en Cataluña es la vivienda" y sólo hicimos tres demandas al Gobierno: "vivienda, vivienda y vivienda". 

Illa ha reiterado "el agradecimiento por la disposición de la Iglesia a sumar" y por coincidir en tener "una visión de país". Asimismo, ha valorado el patrimonio material de la Iglesia que ahora se pone a disposición de la vivienda social, pero también "el patrimonio moral de la Iglesia y la reivindicación de los valores del humanismo cristiano. Por eso se ha llegado a un acuerdo "ambicioso, pero viable". 

 

Un acuerdo a desplegar

Ahora, el siguiente paso es poner en marcha los mecanismos que permitan materializar esta manifestación de intenciones. Por ahora no se puede dar ninguna concreción de cuántos inmuebles pueden incluirse en este plan. 

Primero cada obispado o congregación religiosa debe concretar qué inmuebles son susceptibles de convertirse en viviendas sociales. Deberá hacerse caso a caso y cerrando un acuerdo concreto en cada titularidad, sea un obispado o una congregación religiosa. Cada uno tiene una personalidad jurídica propia y deberá firmar el acuerdo de cesión con la Generalitat. 

Para ponerlo en marcha se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense, y cinco miembros designados por la Generalitat de Catalunya, entre los cuales, cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia religiosos. 

Este grupo de trabajo se reunirá cada semestre para impulsar la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis o congregaciones titulares de los bienes eclesiásticos. También hará el seguimiento del uso de estas viviendas para garantizar que se destinen a familias o colectivos vulnerables. La cesión de uso de los inmuebles de la Iglesia se prevé que sea a largo plazo, en períodos de hasta 70 años. 

También se creará una Comisión de Seguimiento de este Protocolo integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y por tres representantes de la Generalitat de Cataluña. Se reunirá por lo menos una vez al año para examinar los resultados de la colaboración realizada. La duración inicial del Protocolo será de 4 años con la voluntad de prorrogarlo de mutuo acuerdo.