El plan antiabusos del Gobierno de Sánchez, congelado

No hay indemnizaciones a la vista ni un acto público de perdón un año después del órdago de Félix Bolaños

Según ha podido confirmar Vida Nueva, el Defensor del Pueblo ya habría cerrado como tal su oficina de atención a las víctimas por falta de fondos, pero siguen atendiendo los casos que pudieran llegar

Fuente:   Vida Nueva Digital

Por José Beltrán

19/06/2025

 

El 23 de abril de 2024, el Consejo de Ministros presentaba un ambicioso plan antiabusos que buscaba poner en vereda a la Iglesia ante lo que consideraba falta de vehemencia para acabar con esta lacra. Unos meses después, cuando en julio la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos aprobaban el llamado Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA) que incluía una comisión independiente para baremar indemnizaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contraprogramó reuniéndose de manera improvisada con las asociaciones de víctimas con el fin de deslegitimar las acciones eclesiales.

Un año después, tal y como adelantó Vida Nueva hace unos días, la comisión asesora promovida por la Iglesia ya ha enviado, al menos, 60 propuestas de indemnización a diócesis y congregaciones. Sin embargo, nada se sabe del proyecto unilateral de Moncloa que presentó el propio Bolaños y que incluía indemnizaciones a través de un organismo independiente configurado por expertos de distintas áreas para los casos prescritos o cuyos hechos no se hayan podido probar ante la justicia, para aplicar el acompañamiento y compensación que se precise.

Para poder pagar a a las víctimas, el Ejecutivo pretendía crear un fondo millonario que nutrieran tanto el Estado como los obispos. A fecha de hoy, no se ha presentado borrador alguno de este ente que, a priori, gozaba del mismo perfil que el ya puesto en marcha por la Iglesia. De hecho, de haberlo propiciado, se habría dado una duplicidad de dos plataformas para un mismo fin con la duda de cuál tendría verdadera legitimidad para las víctimas. A fecha de hoy no se ha dado este escenario.

En ese plan ideado por Moncloa, que se implantaría de aquí a 2027, también contemplaba un acto público con las víctimas y sus familiares, así como la ampliación hasta los 35 años de la prescripción de la responsabilidad civil y, en algunos casos, eliminarla.

Además, se añadían otras iniciativas, que, a priori, no solo se aplicarían al ámbito eclesial, como el refuerzo de las labores de supervisión de las inspecciones educativas y la formación de coordinadores de bienestar o la creación de lo que Bolaños denominó “salas amigables” en los juzgados para que en los procesos judiciales las víctimas no tengan contacto con sus agresores. A la par, se garantizaba la asistencia jurídica gratuita a este colectivo. No obstante, ninguna de estas propuestas se ha materializado.

 

En manos del Congreso

Y eso que el órdago del ministro responsable de las relaciones con las confesiones se endureció al enterarse de la apuesta eclesial por el PRIVA iba en serio. De hecho, en la reunión a contrarreloj con los colectivos de víctimas en La Moncloa, les anunció que el Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto y que no se ha transmitido en ningún momento al Ejecutivo.

Ya en marzo de este año, el Gobierno rebajaba las expectativas de una indemnización inmediata al dejarlo en manos del Congreso. Es el resultado de apostar por crear una subcomisión de estudio a nivel parlamentario. Esta subcomisión se daría un plazo de meses para establecer sus conclusiones desde su constitución, elevarlas posteriormente a la Comisión de Justicia y, finalmente, ser debatidas en el pleno de la Cámara Baja. En el documento de registro de la subcomisión no se hace referencia explícita alguna al plan inicial de Bolaños.

 

El Defensor del Pueblo, ya sin oficina

Junto a esta cuarentena parlamentaria, según ha podido confirmar Vida Nueva, los recursos del Estado para fiscalizar a la Iglesia en lo que consideraban una lacra prioritaria que había que atajar se habrían reducido. Prueba de ello es que el Defensor del Pueblo ya habría cerrado su oficina de atención a las víctimas por falta de fondos. 

Desde el equipo liderado por Ángel Gabilondo, precisan a esta revista que “la Oficina como tal se acabó tras la presentación del Informe, pero hemos seguido y seguimos atendiendo y recibiendo nuevos casos que son incorporados a las actualizaciones periódicas del Informe”. “Las víctimas pueden seguir dirigiéndose al Defensor del Pueblo”, apuntan, con la garantía manifiesta de que “serán atendidas por personas que trabajaron en la Oficina y que siguen ahora, incorporados a la institución, realizando esa labor”.