Laicidad y aconfesionalidad

Jesús Martínez Gordo

El Diario Vasco 29.V.2015

En Europa existen -además de las llamadas “religiones nacionales” en Inglaterra, Dinamarca y Grecia- tres maneras de entender y organizar las relaciones entre las diferentes religiones y el Estado: el modelo francés de la separación o de la laicidad, el modelo alemán de la aconfesionalidad cooperativa y el modelo de la mediación que impulsan las instituciones europeas.

España es, desde el pacto constitucional, un Estado “aconfesional”. Y en la aplicación de dicho acuerdo se ha venido favoreciendo una interpretación en clave de colaboración. Según la tipificación propuesta, la referencia de fondo es, por tanto, el modelo alemán.

Recientemente algunos partidos y líderes políticos han proclamado su posicionamiento favorable a un “Estado laico” y es de esperar que, mientras no se cambie la actual Constitución, favorecerán una interpretación laica de dicha aconfesionalidad, aparcando la aplicación cooperativa activada estos últimos decenios.

Sin embargo, queda por ver qué entienden cada uno de ellos por “Estado laico” y, más concretamente, a qué comprensión de dicha laicidad se apuntan y las razones de la misma.

Con el fin de hacer un poco de luz al respecto parece oportuno exponer las dos sensibilidades que, con reiterada frecuencia, aparecen y se enfrentan en Francia, el país referencial en la comprensión y aplicación de la llamada laicidad.

Desde que en 1905 se proclamara que la república francesa “asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio del culto”, a la vez que “no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno…” se han dado dos aplicaciones e interpretaciones de dichos principios: una primera, catalogada como “beligerante”, “integral”, “estricta”, “exigente”, “normal” o “a la antigua” y “excluyente” y, otra, calificada como “positiva”, “creativa”, “cordial”, “abierta”, “moderna” o “cooperadora” e “incluyente”.

La primera de estas interpretaciones se caracteriza (cierto que más en el pasado que en nuestros días) por ser anticlerical, restrictiva y excluyente. Anticlerical, porque combate a una Iglesia católica percibida como reaccionaria, oscurantista e intolerante que, además, ejerce una insoportable tutela sobre la vida social e individual. Restrictiva de la libertad religiosa, porque busca recluir toda creencia religiosa a la esfera de lo íntimo, apelando, para ello, a la libertad de conciencia y a la separación entre lo privado y lo público. El interés “social” de las diferentes iglesias –sostienen sus defensores- no va más allá del culto. Y, finalmente, excluyente, porque entiende que todas las confesiones son intrínsecamente nocivas. Por tanto, no es de recibo su reconocimiento oficial ni el establecimiento de relaciones regladas con ellas.

La segunda de las interpretaciones entiende la laicidad como neutralidad y no injerencia del Estado en los asuntos internos de las diferentes religiones y, a la vez, como instancia garantizadora de la libertad religiosa o de cosmovisión de todos los ciudadanos. El dialogo y el acuerdo son sus señas de identidad.

A la luz de esta segunda interpretación (y de los acuerdos resultantes) actualmente existen en Francia capellanías en los liceos, hospitales y prisiones. Además, se imparte instrucción religiosa en los centros estatales de enseñanza. No hay problema alguno en reconocer el carácter propio de los centros católicos ni en poner a disposición de los fieles los edificios incautados en 1906, asegurando su mantenimiento y reparando los que están abiertos al público. El clero católico y los celebrantes musulmanes, no asalariados -a diferencia de algunos pastores y rabinos- ni afiliados en el régimen general de la Seguridad Social, tienen un régimen especial que cubre los riesgos de enfermedad, invalidez y vejez. Todas las confesiones reciben donativos y legados y se benefician de medidas fiscales tales como la exoneración de la tasa fiscal y de los derechos sobre los donativos y legados, o de reducciones de impuestos para los donantes. Y se ha creado una comisión de diálogo permanente entre el Gobierno y, en este caso, la Iglesia católica, encargada de resolver los problemas que pudieran sobrevenir.

Curiosa y sorprendentemente, una buena parte de estos acuerdos han sido alcanzados con gobiernos de izquierda que han entendido la laicidad, sobre todo en los últimos decenios, como acogida y tolerancia de las religiones, como reconocimiento de su libertad de expresión (mientras el orden público no sea perturbado) y como defensa del derecho de las diferentes confesiones a participar en el debate público, aportando los argumentos y propuestas que estimen acordes a su concepción de la vida.

Sería un buen servicio a la ciudadanía que los líderes y los partidos políticos favorables a un “Estado laico” o, en el ínterim, a una relectura y aplicación laica de la aconfesionalidad indicaran –a la luz de la andadura francesa- su cercanía o lejanía con cada uno de los modelos ensayados en el país del hexágono y las razones de la misma.