Derechos humanos ¿por Decreto?

LAS expresiones "por decreto", "decretazo" o similares son usadas a veces en el lenguaje político y periodístico para aludir críticamente a la regulación que hace un gobierno cuando no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con otras partes negociadoras a las que se dirige una regulación de forma impositiva. Es el caso, por ejemplo, de las negociaciones con los sindicatos que tras fracasar se saldan con una regulación unilateral del ejecutivo vía Decreto, con la consecuente serie de protestas y movilizaciones contra la misma. El gobierno, por supuesto, tiene legitimidad formal para canalizar su acción a través del Decreto pero rezuma, según la materia que regula, un cierto tic autoritario y, a la postre, un cierto fracaso a la hora de conjugar el poder legítimo con su ejercicio adecuado y conforme a la realidad social a la que se destina.

Jon M. Landa, * Profesor de Derecho Penal de la UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco




El decreto, no obstante, no puede regularlo todo. En la jerarquía de fuentes del Derecho hay materias que por su importancia solo pueden regularse por ley. Es la llamada "reserva de ley" y su significado no es puramente técnico: expresa que en los asuntos más importantes de la convivencia la primera palabra, y la más importante, la debe decir el Parlamento y no el Ejecutivo. El Parlamento deposita la soberanía y confiere una legitimidad e importancia a lo que de él emana que lo sitúa a otro nivel. La ley, con otras palabras, supone la garantía política de que el pueblo soberano define determinados asuntos como, por ejemplo, aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales. El Gobierno, cuando hay reserva de ley, tiene un papel complementario de forma que ayudará a ejecutar mediante su acción el programa regulativo que ya haya asentado el Parlamento.

Esto viene a cuento de la regulación sobre víctimas de violaciones de Derechos Humanos que el Gobierno vasco había anunciado para el año pasado y que ya, según algunas informaciones periodísticas, se retrasa al menos casi hasta verano del año entrante. Lo que en el año 2008, a finales de la legislatura presidida por el lehendakari Ibarretxe, consideraron imposible e incluso ultrajante, se reactivó sorpresivamente por quienes, al parecer, solo aceptan que determinadas materias sean impulsadas cuando son ellos -en este caso esencialmente el PSE- quienes gobiernan.

Que esta materia que tiene que ver con gravísimos delitos y violaciones de Derechos Humanos cometidos por aparatos del Estado con motivación política sea objeto de atención es buena noticia. Como lo es también que al frente de ello se haya puesto a una persona del prestigio de Manuela Carmena, cuya trayectoria como demócrata y jurista es intachable. El problema no está ahí sino en que, a pesar de la buena voluntad de algunos de sus impulsores, la manera en que se están diseñando estas políticas es objetivamente indigna. Y es que el Gobierno vasco, "por decreto", quiere definir quiénes son las víctimas del Estado -o, como algunos señalan, víctimas de abusos policiales- y cuáles son los derechos que les corresponden. Estamos hablando, ni más ni menos, que de la muerte dolosa o de lesiones gravísimas por agentes del Estado -policías de servicio o fuera del mismo- o con su connivencia y garantía de impunidad (a través de incontrolados, organizaciones terroristas…) de cientos de ciudadanos y ciudadanas. Se trata de la vida y la integridad física y por ello no cabe un tratamiento digno más que por Ley.

Las comparaciones son odiosas pero, a veces, inevitables. Las políticas -justas y necesarias- de las víctimas del terrorismo de ETA siempre contaron con un paraguas legal, con una Ley, que definía quiénes eran y qué derechos básicos se les debía. Luego, los gobiernos -el español o el vasco o el de tantas Comunidades Autónomas- completaban y desarrollaban ese programa regulativo con decretos o a veces con más leyes, como la vasca del año 2008. Si fuera poco, el propio Código Penal también ofrece un concepto de delito de terrorismo que podía servir de referencia y cobertura.

Cuando el Estado, antes o después de que se aprobara la Constitución, torturó y mató ciudadanos vascos con motivación política, cuando estableció o permitió patrones de actuación abusiva que producían muertos y heridos en los controles de carretera, en las manifestaciones, en altercados y en actuaciones ordenadas a incontrolados o grupos organizados que luego -y hasta hoy- negaba, ocultaba y mantenía en la impunidad; ha generado víctimas que están sin reconocer y sin definir. La primera vez que esta realidad va a ser objeto de atención por los poderes públicos, aunque sean de la CAV, si se quiere hacer con un mínimo de dignidad y seriedad, requiere de una regulación por Ley. Una regulación que entonces garantizaría definitivamente que vamos en serio y que sacaría a este debate de la clandestinidad y del rango de segundón ("las otras víctimas") que el propio Gobierno vasco y representantes cualificados del PSE y del PP constantemente le adjudican.

Solo si la regulación por Decreto viniera acompañada de una declaración fuerte de reconocimiento de responsabilidad del Estado, de gran mea culpa; solo si se acompañara de un compromiso formal y fehaciente (¿una proposición no de ley en el propio Parlamento Vasco?) de que esto es solo el inicio del camino que acabará pronto con una Ley con mayúsculas; solo si el discurso del Gobierno vasco actual fuera sistemático, de primer nivel reconociendo el enorme daño, la responsabilidad del Estado y de algunos partidos políticos y comprometiéndose a que la verdad se impulsará de forma efectiva… Solo entonces estaríamos abriendo la puerta a tratar esta materia como lo merecen las víctimas del Estado y la sociedad vasca entera.

Las políticas de acompañamiento y resarcimiento a las víctimas del Estado, a las denominadas víctimas policiales o, más propiamente, a las de violaciones de derechos humanos por motivación política, han estado ausentes desde siempre. La dictadura tenía como programa cometerlas y la transición, basada en un modelo de amnistía, no quiso hacerles frente abandonando así a la convulsa Euskal Herria al problema añadido de avanzar hacia el futuro con una bomba de relojería más alojada en el seno de su arquitectura social. El olvido oficial y su negación facilitó que las violaciones de Derechos Humanos del Estado se convirtieran en política, en mala política, en arma arrojadiza. En las manos de la izquierda abertzale, las víctimas fueron rehenes de su estrategia política. En las manos del Estado, instrumento de represión e incluso vía de lucha contra la actividad de ETA por más que los paganos directos de sus abusos fueran en un elevadísimo número de casos -la mayoría- ciudadano que no militaban de forma activa en organizaciones políticas y, sin embargo, eran detenidas arbitrariamente, torturadas, lesionadas o incluso muertas. Es común a estas víctimas, véase desde el ángulo político que se vea, su olvido y abandono. Unos, porque eran parte del conflicto. Otros, por razón de Estado. Siempre por razones políticas.

Por eso, cuando el actual Gobierno vasco quiere impulsar políticas de resarcimiento de estas víctimas, merecen el máximo rango. Merecen una regulación densa, seria, llena de contenido y por Ley (no por Decreto). ¿Pero cómo encarar esta asignatura pendiente? Voy a sugerir dos claves esenciales en positivo y con ánimo de contribución aunque, al mismo tiempo, son una crítica -constructiva- a los borradores de regulación que se filtran de lo que el Gobierno vasco actual está preparando.

En primer lugar, tras décadas de silencio, tras un discurso negacionista cuando no directamente justificador de las muertes, torturas, atentados de grupos parapoliciales, tras violar los Derechos Humanos, negarlo e incluso perseguir a las víctimas... lo que toca es reconocer su existencia. Dentro de la tríada verdad, justicia y reparación toca Justicia que empieza, insisto, porque el Estado, el Gobierno vasco actual, particularmente el PSOE-PSE y el PP, reconozcan que se actuó mal, muy mal, de la peor manera que un Estado puede actuar. Si se prefiere, toca que se diga, alto y claro, de forma creíble, que saben que lo que ocurrió fue gravísimo y que además se intentó -todavía hoy muchos están en ello- ocultar. Y esto de que el reconocimiento venga en primer lugar es clave. El Gobierno vasco, en el borrador del primer Decreto, sin embargo, está planteando en su generalidad y en el detalle una especie de quita indemnizatoria. Orientan el instrumento legal a que las víctimas prueben las lesiones y el Gobierno les indemnizará aludiendo incluso a baremos formales expresos de las lesiones y muerte en accidentes de tráfico. Esto es un desatino. Los gobernantes no deben olvidar que los instrumentos legales son vías de comunicación y lo que ahora toca es que el Gobierno en particular estrene un discurso fuerte de reconocimiento y que ese se plasme en el instrumento legal. Querer dar dinero deprisa y corriendo parece traslucir la voluntad de algunos de que se pase página cuanto antes y que no interfiera con las víctimas de ETA haciéndoles sombra. Pero, cuidado, a ninguna persona cabal, sea víctima o no, le dolerá que otros que fueron atropellados reciban lo que se merecen. Debe haber valentía y dejar los juegos de suma cero y de espejos de unas víctimas y otras. A cada una lo suyo. Pero en serio.

La segunda clave es la verdad. Reconocer el problema primero, hacerlo visible y, luego, ponerse manos a la obra a que aflore. Y digo aflorar porque así como cada fenómeno delictivo tiene sus claves criminológicas, entre las que corresponden al Estado cuando viola los Derechos Humanos de sus ciudadanos está, precisamente, el afanarse por logar y asegurar la impunidad. Se mató, lesionó, secuestró, violó sexualmente, torturó… y luego se borraron los rastros que sólo obraban en poder y a disposición de los victimarios. El Estado que se autoencubre con eficacia precisa, para compensar su actuación criminal, una inversión efectiva de la carga de la prueba. No hay que esperar a que las víctimas prueben los hechos: sino crear un mecanismo proactivo de verdad. Si a algunos les asusta la expresión "Comisión de la Verdad", busquemos otro término: pero lo esencial es que se pongan medios personales y materiales, con independencia y autoridad moral, a buscar la verdad. A ayudar a las víctimas a que puedan decir su verdad. Eso requiere que la Comisión tenga capacidad de investigación por encima y al margen del Gobierno y autonomía financiera y de medios a su disposición. Una comisión títere y yugulada por un Gobinero timorato que no quisiera enfrentar la verdad con mayúsculas sería objetivamente una nueva victimación. Frustraría radicalmente las expectativas de las víctimas y de la sociedad y en vez de ayudar provocaría el resultado contrario.

Si el instrumento legal y el discurso de acompañamiento del Gobierno no son capaces de poner en primer lugar y de forma eficiente el reconocimiento y la verdad, las iniciativas puede que sucumban y sean tragadas por la sospecha de que, en realidad, no querían hacer verdad, justicia y reparación en serio sino, una vez más, política con minúsculas.