ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO

Acaba de aparecer en "SISTEMA Digital" una colaboración interesante sobre un tema de tanta actualidad como el ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO, que reproducimos aquí.

El gobierno y los interlocutores sociales han firmado un acuerdo social y económico en base al compromiso adquirido sobre la reforma de las pensiones. El acuerdo contempla además compromisos sobre la negociación colectiva, políticas activas de empleo, medidas sobre el desempleo juvenil y los parados de larga duración, función pública, así como un apartado sobre la política industrial, energética, y de innovación. El acuerdo ha sido, en buena medida, posible por la destacada la actitud de la CEOE, que se ha significado por su disposición al acuerdo sin exigir- por el momento- ningún tipo de contrapartidas y con la única pretensión de recuperar el protagonismo, la autoestima, y la legitimidad perdida en la etapa anterior. Esta actitud es además relevante porque se espera que el compromiso empresarial arrastre finalmente al PP en el trámite parlamentario hacia el acuerdo.

El acuerdo tiene grandes beneficiarios (al margen de la valoración positiva que siempre tiene recuperar el diálogo social): El gobierno (capitaliza políticamente el acuerdo, rearma al PSOE en vísperas de una confrontación electoral, y legitima sus políticas de ajuste y austeridad); los defensores de las políticas neoliberales y el Banco de España (verdadero ideólogo de la política de reformas –recortes- de la seguridad social, laboral, negociación colectiva, y de la “bancarización” de las cajas de ahorro); el poder financiero (en busca de la universalización de los fondos complementarios de pensiones); y los acreedores internacionales (pendientes de cobrar finalmente su deuda).

Los que más han renunciado a sus posiciones han sido los sindicatos (las futuras pensiones, según varios analistas, sufrirán un recorte medio en torno al 20% respecto de los derechos actuales), que han aceptado una reforma muy desequilibrada de las pensiones que contempla importantes recortes (el gobierno reconoce un ahorro de 3 puntos del PIB), se diga lo que se diga en la explicación para vestir el acuerdo: Alarga de manera gradual la edad de jubilación a los 67 años; aumenta el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de 15 a 25 años; eleva hasta 37 años la cotización necesaria para tener derecho a la pensión máxima; sitúa en 38,5 años el periodo necesario de cotización para jubilarse a los 65 años…

Para hacer esto posible, los sindicatos han aceptado aparcar las profundas diferencias sobre la reforma laboral, así como las reivindicaciones de la huelga del 29-S. Sin embargo, la reforma de la negociación colectiva mantendrá la ultra actividad de los convenios colectivos y evitará el descuelgue sin condiciones de los convenios, lo que hubiera sido un torpedo en la línea de flotación de los sindicatos; asimismo se recupera la ayuda a los parados sin prestación (400 euros), con derecho a la formación y a las políticas de orientación profesional.

La gestión sindical del acuerdo no será fácil. Debemos recordar que, desde hace algún tiempo, los sindicatos han venido sufriendo un verdadero ataque de la derecha neoliberal, olvidando fácilmente la labor desarrollada por los sindicatos desde la transición democrática. Es oportuno destacar que el ataque a los sindicatos se debe a que, desde hace años, han sido una referencia obligada de la llamada izquierda sociológica- han representado su último baluarte- y en los últimos años se han opuesto a una política regresiva y socialmente injusta. Con estos precedentes, su base social y sobre todo los trabajadores más concienciados, no van asumir con entusiasmo un acuerdo de estas características que en la práctica desdibuja esas señas de identidad. No resulta fácil comprender porqué se lleva a cabo en estos momentos una reforma de las pensiones, porqué se recorta el actual nivel de pensiones (que se encuentran muy por debajo de la media europea), porqué se incide sólo en el gasto y no en los ingresos del sistema, porqué siempre pagan los mismos el costo de la crisis que no han generado. 

En la actual situación, los sindicatos han ido a remolque de las políticas neoliberales; su actitud ha sido defensiva y dubitativa con el gobierno y sobre todo con el poder económico, al estar muy condicionados por la crisis y por el alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Su capacidad de movilización también se ha resentido ante el vértigo de una nueva huelga general, y su capacidad de deslegitimar al gobierno no ha surtido efecto en esta ocasión, ni siquiera en vísperas de unas elecciones importantes como son las que se celebrarán en el mes de mayo. Por el contrario, el gobierno ha mantenido las políticas de ajuste y por lo tanto el pulso a la contestación sindical, confirmando sus reiteradas promesas a los mercados y después de haber asumido una posible derrota electoral, así como el cambio de candidato si fuera necesario en las próximas elecciones generales.

En este contexto, la decisión sindical se ha decantado finalmente por aceptar un acuerdo social en base a una propuesta verdaderamente regresiva del gobierno. El propósito no ha sido otro que limitar en parte los estragos de la crisis internacional agravada en nuestro país por una política económica y social supeditada al interés de los mercados y víctima de los excesos del sector financiero y del ladrillo (generando una importante deuda privada), que han funcionado sin freno ganando dinero sin precedentes, con el visto bueno de los diversos gobiernos y del Banco de España en los años anteriores a la crisis. 

Por eso sería bueno que, a partir de esta experiencia, los sindicatos valoren y analicen la repercusión que puedan tener los grandes acuerdos (también los salariales) en el trabajo sindical en la empresa, así como las consecuencias de una posible sobreactuación sindical que ha terminado por asumir una cierta corresponsabilidad para responder a la actual crisis económica. En este sentido debemos recordar los efectos devastadores que puede tener el “pactismo”- si los acuerdos se terminan por convertir en un objetivo en si mismo- y su repercusión desmovilizadora en un sindicalismo de base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores. 

Lo más grave de esta situación es que el acuerdo tiene que convivir con la actual política de ajuste y con un fuerte desempleo que se prolongará en los próximos años. Los últimos datos de la EPA del IV Trimestre de 2010 sitúan el desempleo por encima del 20% (concretamente el 20,33%, lo que representa 4.696.600 personas en paro) y la precariedad de nuestro mercado de trabajo se establece en el 24,8%, tres décimas menos que hace un año. Sobre todo resulta preocupante el desempleo juvenil (42% de los menores de 25 años) y el paro de larga duración (más de dos millones de personas llevan más de un año buscando empleo), así como el número de los hogares en que todos sus miembros se encuentran sin empleo (1.328.000 hogares, lo que representa un 8,9% más que hace un año). Sin duda, se trata de los datos más dramáticos que se conocen, desde la transición democrática en nuestro país, y que no se pueden explicar con alegatos a la economía sumergida y menos dulcificar con el apoyo que reciben los parados de sus familias.

Debemos recordar que el desempleo representa, además de un verdadero problema social, un problema económico de primera magnitud: El costo de las prestaciones por desempleo; la caída del consumo interno; los bajos ingresos a la seguridad social (sin empleo no es posible mantener el sistema); y la baja recaudación de la Hacienda Pública (que termina por generar déficit público a todos los niveles), son algunos ejemplos de las nefastas consecuencias económicas del alto desempleo.

Esto no se ha producido por casualidad. Hasta ahora el discurso de los poderes públicos y el debate en el consejo de ministros ha estado más preocupado por la deuda y por los mercados que por los más de 4,6 millones de desempleados; algunos rozando la pobreza y otros considerados ya pobres y sin esperanza de encontrar un puesto de trabajo (parados de larga duración), algo que resulta verdaderamente insostenible y fuera de lugar en un país democrático de la UE. Muchos están convencidos que el gobierno no ha defendido con la contundencia debida una política de ajuste más suave- como defienden los sindicatos-, que resulte compatible con un incremento de la actividad económica capaz de generar empleo.

Por eso, en estos momentos hay que esforzarse por modificar el rumbo y apostar por una política decidida hacia el empleo, implementando la reforma de las oficinas públicas de empleo y las políticas activas, así como las políticas que impulsen el trabajo de los jóvenes y de los parados de larga duración, más allá de lo establecido en el acuerdo. También las políticas que busquen nuevos nacimientos de empleo en la acción social (personas dependientes), en la enseñanza infantil de 0 a 3 años, en la economía verde, en las energías renovables... Sin embargo, este esfuerzo de poco servirá si no somos capaces de estimular el crecimiento de la economía por encima del 2%, cuando menos, como señalan todos los analistas económicos sin distinción. Por eso resulta imprescindible abordar la necesaria reforma fiscal (reparto equitativo de la crisis y aumento de los recursos económicos) y la reforma del sector financiero (desbloqueando además el dinero inmovilizado en el ladrillo), que garanticen créditos a familias y empresas. Ello nos ayudará a estimular la inversión pública en nuestro país para bajar de los dos dígitos el desempleo. Debemos reiterar que no es posible conseguirlo secundando las políticas de la UE- la señora Merkel debe saberlo- como se está demostrando.

También se ha demostrado que la reforma laboral no sirve para crear empleo, ni servirá la reforma de las pensiones, ni la reforma de la negociación colectiva, por mucho que vendamos ilusión y confianza a los mercados. La verdadera causa del desempleo está en nuestro actual modelo productivo y en una política económica que supedita el crecimiento económico a la corrección del déficit público, como se refleja en los presupuestos generales del estado.

Una última consideración. En la actual situación está fuera de lugar el triunfalismo instalado en el PSOE por la firma del Acuerdo Social y Económico; simplemente porque significa un fuerte sacrificio de los futuros pensionistas. Además, millones de trabajadores se encuentran en paro, se está reduciendo el poder adquisitivo de los salarios y, lo que es peor, van a continuar los fuertes ataques al estado de bienestar.

Antón Saracíbar