La plataforma de repartidores a domicilio Glovo ha sido condenada por el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona por emplear 3.572 personas trabajadoras, como falsos autónomos hasta el año 2019, en el que hasta la fecha que afecta a más número de riders.
Fuente: Noticias Obreras
27/06/2025
FOTO | Manifestación de "riders" en Barcelona (03/03/2021). Vía, OmbraEstudi, Shutterstock
La sentencia avala el expediente de la investigación de la Inspección de Trabajo y obliga a la empresa a regularizar a los trabajadores afectados e ingresar las cuotas a la Seguridad Social adeudadas que ascienden a 3,8 millones de euros.
La Inspección de Trabajo presentó la denuncia en el juzgado tras haber detectado irregularidades en miles de trabajadores que interpusieron un acta de infracción contra Glovo al a que se sumaron 3.572 trabajadores.
La dirección de la empresa impugnó las actas argumentando que la relación era mercantil, pero el fallo judicial establece que la plataforma organizaba de manera estricta la carga de trabajo fuera, fijando horarios “claramente condicionados y limitados”, imponiendo el precio del servicio y compensando, en caso de fallos en el servicio.
“Los repartidores no organizaban su trabajo, no negociaban condiciones ni recibían el pago directamente de los clientes. Su autonomía se limitaba a elegir el medio de transporte y la ruta a seguir, lo que demuestra la existencia de las características esenciales de una relación laboral conforme al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”, zanja la resolución.
La compañía acumula decena de decisiones judiciales en el mismo sentido, aunque algunas, las menos, dan la razón a Glovo. La empresa fundada por Òscar Pierre tiene abierto también otros procedimientos judiciales por competencia desleal y una investigación penal contra su fundador. Este fallo judicial todavía no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Hace apenas una semana, en el décimo aniversario de la compañía, su consejero delegado y fundador reiteró su voluntad de acabar con el modelo de falsos autónomos. El nuevo sistema de relaciones laborales debería estar listo partir del 1 de julio. Sin embargo, solo un 16% de los riders ha sido contratado ya directamente, mientras que el resto opera a través de empresas subcontratadas, según las últimas informaciones periodísticas.
Por la regularización de los riders
Recientemente, organizaciones sindicales y sociales ha lanzado la campaña RidersxRegularización, con el fin de identificar y acompañar a repartidores que han trabajado —o siguen trabajando— en condiciones informales para plataformas digitales de reparto.
La campaña está impulsada por la plataforma sindical RidersxDerechos, en colaboración con los sindicatos LAB e IAC, el Observatorio TAS, la agencia de comunicación turba! y el cineasta Luis Creo.
Con ello tratan de dar visibilidad y apoyo legal gratuito a miles de trabajadores y trabajadoras que han sido sistemáticamente excluidos de los registros oficiales, al operar sin cuenta propia y en situación de vulnerabilidad, incluso en situación administrativa irregular.
A través de un sitio web, las personas interesadas pueden rellenar un formulario —incluso de forma anónima— para iniciar un proceso de contacto, asesoramiento y posible denuncia ante la Inspección de Trabajo. El equipo organizador garantiza confidencialidad, apoyo legal sin coste y acompañamiento durante todo el proceso.
“Sabemos que muchos trabajadores tienen miedo de denunciar su situación. Por eso ofrecemos un primer contacto anónimo y aseguramos que las denuncias no apuntarán al titular de la cuenta, sino a la empresa responsable de la estructura de explotación”, explica Felipe Diez, portavoz de RidersxDerechos y miembro del Observatorio TAS.
La campaña pone el foco en una realidad ampliamente conocida pero poco abordada: alrededor del 50% de los repartidores son personas migrantes que trabajan sin derechos ni protección legal, en un sistema que los mantiene invisibles. Muchos de ellos no figuran en las bases de datos de las empresas ni en las investigaciones oficiales, ya que operan detrás de cuentas alquiladas.
“No puede ser que quienes han sostenido el negocio con su trabajo sigan siendo ignorados. Vamos a luchar para que se reconozca su arraigo y su derecho a condiciones laborales dignas”, afirma Felipe Corredor, también miembro de RidersxDerechos, la IAC y el Observatorio TAS.
La campaña también denuncia que, mientras las plataformas inician procesos de contratación para mejorar su imagen pública, siguen dejando fuera a quienes han trabajado durante años en la sombra. Las organizaciones advierten que no permitirán que esta nueva etapa sirva como lavado de cara.
“Todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tienen derechos. Y vamos a luchar hasta el final para hacerlos valer”, concluye Núria Soto, portavoz de RidersxDerechos.
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