La imposibilidad de ejercer derechos humanos tan básicos como el bienestar energético y la vivienda han motivado sendas denuncias ante organismos internacionales creados para velar por el cumplimiento efectivo de tales derechos.
Fuente: Noticias Obreras
La falta de suministro eléctrico en la Cañada Real desde hace 17 meses ha sido denunciado, como una vulneración de la Carta Social Europea, ante el Consejo de Europa por una plataforma cívica en la que participan ONG, sindicatos y asociaciones.
Es la primera denuncia presentada contra España por vulneración de la Carta Social Europea, desde la ratificación y aceptación de todas sus disposiciones, incluido el mecanismo que permita la reclamación colectiva, en mayo de 2021.
La Plataforma Cívica por la luz en Cañada Real, que integra a las diversas entidades sociales presentes en la zona, junto con cinco organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, ha contado con la asesoría de una organización especializada en litigios estratégicos sobre derechos humanos y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
La demanda ha sido respaldad por una cincuentena de organizaciones entre las que se cuentan Defence The Children International (DCI), Comisiones Obreras (CCOO), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) y ATD Cuarto Mundo.
Según estas organizaciones España “está incumpliendo obligaciones adquiridas ante el Consejo de Europa y su Carta Social Europea, en vigor desde el 1 de julio de 2021, en lo relativo al derecho a una vivienda adecuada, derecho de la familia a protección social, jurídica y económica, y derecho de los niños a la asistencia, a la protección contra la negligencia y la violencia, y a la educación”.
También “el derecho a la protección contra la pobreza y
la exclusión social, derecho de las personas mayores a la protección social y
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Durante la celebración de la 49º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Cáritas Española, de la mano de Cáritas Internationalis, ha denunciado que el acceso a la vivienda se ha convertido en “la principal situación negativa” de las personas vulnerables, seguido de las dificultades para obtener ingresos a través del derecho al trabajo”, muy relacionados a su vez con la posibilidad de alcanzar un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud.
Una de las expertas del Equipo de Incidencia de Cáritas Española, Sonia Olea, ha intervenido en la sesión de presentación del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada, para informar de las discriminaciones más frecuentes en el acceso a la vivienda en nuestro país se producen por el nivel de ingresos, el aspecto físico y la condición de inmigrantes. Además, Olea ha subrayado que también existen dificultades para algunos colectivos a la hora de acceder al empleo y los servicios públicos.
“Son precisamente los derechos humanos anteriormente citados, los que aparecen con mayor fuerza como causas prioritarias que la Administración estatal debería abordar para prevenir la posible vulnerabilidad de los mismos y, por tanto, la mejora de sus condiciones de vida”, apuntó Olea, quien subrayó que las anteriores situaciones se deben abordar -como recomienda el Informe de la Relatoría presentado ante el Consejo- desde “la efectiva reparación judicial de las víctimas cuando se produce la violación del derecho a la no discriminación en el acceso a una vivienda adecuada”.
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