Casi 13 millones de personas están riesgo de pobreza o exclusión social en España, el 26,5% de la población

El 48,7% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, una situación más grave entre quienes viven de alquiler

    Las familias monoparentales, las mujeres y los jóvenes son los principales perjudicados

Fuente:      RTVE

04/06/2024

Casi 13 millones de personas están riesgo de pobreza o exclusión social en España, GETTY

El 26,5 % de la población española, unos 12,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Así lo ha señalado este martes el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Según la investigación, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa.

Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo.

La situación es, un año más, peor para las mujeres. Los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

Algunos indicadores alertan también sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1% de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de la población (48,7%), además, presenta dificultades para llegar a fin de mes.

 

Las familias monoparentales, en la cuerda floja

Según el informe, la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes ha afectado muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se ha traducido en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8% hasta el 28,9%.

Concretamente, unos 2,3 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este sentido, EAPN-ES ha señalado que no hay menores pobres sin hogares pobres y ha insistido en que nacer en una familia vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta.

Para la red, preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2% de 2022. Además, la gran mayoría de ellos (el 80,7%), están encabezados por una mujer.

El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado especialmente a esas familias, pues el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4%) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. La pobreza energética, de hecho, ha alcanzado máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.

 

Los alquileres y los suministros aumentan las desigualdades

El aumento de los precios, la escasez de alquileres asequibles y las dificultades para acceder a una propiedad han creado una situación precaria para muchas personas, aumentando las desigualdades y contribuyendo a la persistencia de la exclusión social, según el informe.

El precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más que la renta por persona, lo que supone un esfuerzo económico mayor y un agravante de la pobreza. En 2023, la tasa de pobreza entre quienes vivían de alquiler a precio de mercado (33,1%) duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad (15,8%).

Además, vivir de renta es más frecuente entre las personas en pobreza: una de cada tres personas pobres reside en una vivienda arrendada (el 33,3% frente al 15,7% que no son pobres).

Los gastos asociados a la vivienda también lastran la recuperación de los hogares. Así, los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca son el triple entre las personas en pobreza (afecta a un 25,2%), y en el caso de los retrasos en el abono de suministros, aunque ha mejorado, todavía afecta a dos de cada cinco personas en pobreza (20,6%).

 

Desempleo y precariedad entre las mujeres y los jóvenes

Respecto al empleo, se mantiene la tendencia en lo relativo a la pérdida de su capacidad protectora frente a la pobreza. Así, en 2023 cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras eran pobres. La red ha asegurado que esto se debe, principalmente, a la calidad del mercado laboral, que pese a las mejoras derivadas de la última reforma laboral y al incremento del salario mínimo, "sigue caracterizado por la precariedad".

La investigación muestra que tener empleos precarios -tanto en temporalidad como en parcialidad-, duplica el riesgo de pobreza. De hecho, cerca de una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado (el 32,0%).

La precariedad afecta en mayor medida a las mujeres y a la población joven. Respecto a la brecha de género, además de una mayor tasa de desempleo (13,8% vs 10,6% en 2023), las mujeres triplican la tasa de empleo parcial de los hombres (21,1% vs 6,6%) y tienen menos ingresos, tanto en salarios como en pensiones (los hombres cobran un 18,6% y un 48,6% más, respectivamente).

Por su parte, el desempleo y la precariedad se ceban también entre la población joven. La tasa de temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la registrada a nivel general (34,7% vs 15,7%), mientras que una de cada cuatro tiene un empleo a jornada parcial.

Respecto al paro juvenil, excede con mucho a la cifra de la población total: un 21,4% frente al 12,2%. Esta situación deriva en una problemática de pobreza entre la juventud que es muy preocupante, pues afecta a más de 1,5 millones de jóvenes.

 

Mejoras "absolutamente insuficientes"

Respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la tasa AROPE se ha reducido en 2,2 puntos porcentuales desde 2015, año designado para la evaluación de la Agenda 2030. Una mejora, sin embargo, que EAPN-ES ha calificado de "absolutamente insuficiente".

"Mantener una evolución proporcional al objetivo habría requerido una reducción de 5,5 puntos porcentuales más. En otras palabras, se ha hecho menos de la mitad de lo necesario para cumplir el objetivo de pobreza", asegura el informe presentado este martes.

En la actualidad, España tiene unos 2,6 millones de personas en AROPE por encima de las que debería tener para cumplir sus compromisos en la Agenda 2030. 

Asimismo, el impacto de la pobreza severa, es decir, la población que vive en hogares con ingresos menores a 611 euros al mes, ha mejorado en 2023 y casi ha alcanzado el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030. Sin embargo, afecta todavía a 3,9 millones de personas.

De hecho, el 9,0% de la población española -4,3 millones de personas- vive con carencia material y social severa, un incremento es de 1,3 puntos respecto al año pasado, que alcanza el valor más elevado de toda la serie histórica.

 

Las pensiones reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos

Pese a lo preocupante de las cifras, EAPN-ES ha recalcado que la situación sería mucho más grave sin la acción protectora del Estado, que consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza, y unos 2,4 millones en pobreza severa.

En este sentido, la red asegura que las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención, demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial, incluido el Parlamento Europeo que saldrá elegido en las próximas elecciones del 9 de junio.

Destaca especialmente el papel imprescindible de las pensiones públicas como factor de sostenimiento de la calidad de vida de la población: por sí solas, las pensiones reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos, es decir, unos 7,8 millones de personas.

En cualquier caso, a nivel estatal, la red propone aumentar la intensidad y la extensión de las políticas implementadas los últimos años y el impulso de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario.

De manera urgente, y dada la situación que afrontan miles de familias por el encarecimiento de la vida, desde EAPN-ES se insta al Gobierno a que prorrogue las medidas del escudo social que concluyen el próximo 30 de junio, especialmente las enfocadas a colectivos más vulnerables. Entre ellas, mantener las rebajas del IVA en alimentos y bienes de primera necesidad, los descuentos reforzados del bono social, y la prohibición del corte de suministros.