El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha ordenado a la Secretaría de Estado del Vaticano que pague dos millones de dólares en honorarios legales a Raffaele Mincione, el gestor de inversiones que vendió al Vaticano el edificio que está en el centro del escándalo inmobiliario de Londres.
Fuente: The Pillar
02/05/2025
Rafael Mincione. Foto de archivo del pilar.
En una sentencia dictada el 2 de mayo, se ordenó a la Secretaría de Estado pagar la mitad de los gastos legales, que totalizaron más de 9 millones de dólares, incurridos por Mincione y su compañía de inversiones WRM durante un juicio que concluyó a principios de este año por sus tratos comerciales con el Vaticano.
El fallo del tribunal ordenó a la Secretaría de Estado realizar un pago inmediato de dos millones de dólares en unas semanas, y realizar pagos adicionales tras una evaluación detallada de los gastos.
La orden judicial parecería establecer a Mincione como el vencedor final en la prolongada batalla legal, que se ha desarrollado en el Tribunal Superior desde 2020.
Si bien no hay Secretario de Estado durante el interregno papal, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril, el cargo lo ocupaba anteriormente el cardenal Pietro Parolin, ampliamente considerado como uno de los principales candidatos a la elección al papado.
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La orden judicial del viernes podría atraer la atención del cónclave hacia los escándalos financieros que durante años plagaron el mandato del cardenal en el cargo.
Esto también podría tener consecuencias para el caso de apelación pendiente de Mincione en la Ciudad del Vaticano, donde busca revocar una condena de 2023 por participar en la apropiación indebida de fondos del Vaticano en un acuerdo que colocó unos 200 millones de euros bajo el control del gestor de inversiones en nombre de la Secretaría de Estado.
En una declaración a la prensa el viernes, Mincione dijo que está “agradecido de que el juez inglés nos haya otorgado millones de libras en costos legales, reflejando los verdaderos ganadores y perdedores de este triste caso”.
“El juicio del Vaticano fue originalmente un intento de desviar la atención de su propia incompetencia”, dijo Mincione, “pero rápidamente se convirtió en una cacería de brujas organizada por un fiscal que mintió en muchas ocasiones diferentes durante el juicio y secuestró la justicia”.
El Vaticano aún no ha emitido ningún comentario sobre el fallo, sin embargo, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril, el liderazgo de la mayoría de los departamentos de la curia decayó.
El fallo de Londres del viernes siguió a un veredicto de febrero, que absolvió a Mincione y sus empresas de las acusaciones de conspiración y fraude hechas por la secretaría, al tiempo que dictaminó que "cayeron por debajo de los estándares de comunicación con el Estado que podrían describirse como conducta de buena fe" en sus tratos con el Vaticano después de que terminaron sus inversiones con él .
Mincione presentó la demanda contra la Secretaría de Estado en 2020, a raíz de que la secretaría rompiera vínculos con su empresa de inversión en 2018, comprando un proyecto de desarrollo de edificios en Londres a sus empresas como parte del acuerdo, y antes de que se presentaran cargos en su contra en la Ciudad del Vaticano.
En una larga entrevista con The Pillar, Mincione dijo anteriormente que había cumplido con el contrato que firmó con la secretaría y que las inversiones que realizó, calificadas de "especulativas" y "egoístas" por el Vaticano, estaban dentro de la discreción que le otorgaban los contratos .
Mincione gestionó cientos de millones de euros de fondos del Vaticano desde 2013 hasta 2018, cuando la Secretaría de Estado se separó del fondo de inversión de Mincione, perdiendo el saldo de su inversión con el empresario, mientras pagaba millones en multas por retirada anticipada de su inversión, recibiendo a cambio la propiedad de un desarrollo inmobiliario en Londres.
En el testimonio prestado durante el proceso también se revelaron varias prácticas comerciales y contables cuestionables en el principal departamento de gobierno del Vaticano.
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Si bien la esencia de la demanda de Londres se refiere a los tratos de Mincione con la Secretaría de Estado, gran parte de la evidencia y el testimonio en el tribunal se referían a las acciones de Gianluigiu Torzi, otro hombre de negocios condenado en el juicio por delitos financieros del Vaticano, quien fue designado por el Vaticano para actuar como su agente durante la separación de Mincione y la adquisición del edificio de Londres en 60 Sloane Ave.
Contratado en 2018 por la Secretaría de Estado del Vaticano para gestionar la adquisición del edificio situado en 60 Sloane Ave. , Torzi estructuró el acuerdo de modo que su sociedad holding registrada en Luxemburgo tomaría posesión del edificio y él luego transferiría la propiedad de la sociedad holding al Vaticano.
En cambio, después de tomar propiedad del edificio, Torzi reestructuró las acciones del holding, transfiriendo 30.000 acciones ordinarias a la Secretaría de Estado y conservando para sí 3.000 acciones preferenciales que le dejaron en control total de la empresa y, por tanto, del edificio.
Los fiscales han argumentado en el tribunal del Vaticano que Torzi extorsionó a la Santa Sede por millones para obtener el control de la compañía y con la cooperación de Mincione y conspiró para defraudar a la Secretaría de Estado por la compra del edificio, y consiguió condenas en el tribunal de la Ciudad del Vaticano por esos cargos. Aunque reconoció una complicada serie de tratos comerciales personales con Torzi, Mincione negó cualquier acción criminal de su parte o coordinación con Torzi .
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Es probable que la noticia de la orden judicial de Londres renueve la atención sobre los escándalos financieros del Vaticano en Roma, donde el Colegio de Cardenales se reúne actualmente antes de un cónclave electoral papal que comenzará el 7 de mayo.
La noticia probablemente atraerá particular atención al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Papa Francisco, y cuyo departamento se convirtió en el escenario de una serie de escándalos financieros durante la última década.
El cardenal Parolin escribió directamente al presidente del banco presionándolo para que apoyara la solicitud que, dijo, representaba “necesidades prioritarias de la Santa Sede”.
Cuando el banco rechazó el préstamo, los funcionarios de la secretaría dijeron que ordenaron medidas de represalia extralegales contra su presidente y directores.
Después de haber sido presionados de manera similar por los organismos de control financiero del Vaticano para aprobar la solicitud de préstamo, que fue considerada incompleta y una inversión poco sólida, los líderes del banco señalaron el asunto a los fiscales del Vaticano y al Papa Francisco, lo que dio inicio a una investigación penal y un juicio que duraron años.
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