Los esfuerzos del Papa Francisco para lidiar con la crisis de abuso sexual del clero necesitan correcciones

Fuente:   La Croix International

Por   Massimo Faggioli

06/04/2023

Hans Zollner during the press conference at the end of a summit on "The Protection of Minors in the Church," February 18, 2019, at the Vatican. (Photo by FABIO FRUSTACI/EIDON/MAXPPP)

Lo que la renuncia de Hans Zollner de la comisión de protección infantil del Papa nos dice sobre la lucha del Vaticano contra el abuso sexual: el proceso sinodal que el Papa Francisco ha lanzado para hacer la Iglesia Católica más transparente y creíble está entrando en su crucial fase. Pero su pontificado actualmente corre el riesgo de perder impulso en su lucha contra el abuso sexual y su promoción de una nueva cultura de rendición de cuentas. Este es el resultado de la reciente renuncia de Hans Zollner, su compañero jesuita, de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores (PCPM).

El sacerdote alemán es teólogo y psicólogo. Él es también un destacado experto en la salvaguardia de los menores y una de las figuras más respetadas en la respuesta de la Iglesia a la crisis de abuso sexual del clero. Esto se debe en gran parte al trabajo del Instituto de Antropología - Estudios Interdisciplinarios sobre Humanos Dignity and Care (antiguo Centro de Protección Infantil), que dirige en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Zollner no es la única persona que señala problemas en relación con el PCPM en los últimos meses. Francisco creó la comisión en 2014 y en septiembre pasado nombró a diez nuevos miembros para el cuerpo. Pero en los primeros ocho años de su existencia, el PCPM estaba en algo así como un limbo institucional. Eso cambió el 22 de marzo cuando el Papa emitió la constitución apostólica Praedicate Evangelium e hizo que el PCPM formara parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, todavía no está claro qué significará esto para la eficacia y autoridad de la comisión dentro de la Curia. Sin embargo, ahora hay más dudas sobre eso que las que había hace un año.

El propósito y la estrategia del PCPM siguen sin estar claros porque el papel mismo de la Curia Romana, otras instituciones vaticanas y el sistema per se siguen sin estar claros en el pontificado actual. La Iglesia Católica, de hecho, acaba de empezar a lidiar con la crisis de los abusos desde un punto de vista magisterial, teológico y legal. Por frustrante o chocante que pueda sonar, todavía estamos en los primeros días.

 

Un cataclismo que hace época

La crisis del abuso sexual debe verse como uno de los cambios catastróficos que hacen época en la historia de la Iglesia. Para dar solo un ejemplo, en el momento del evento más trascendental en la historia del papado moderno, el colapso de los Estados Pontificios en el siglo XIX que culminó con la pérdida de Roma ante el reino italiano en 1870, había más de quince tribunales vaticanos diferentes ejerciendo la jurisdicción de la Iglesia. También estaban los tribunales de justicia a nivel local. No sorprende que durante su largo pontificado (1846-1878), Pío IX finalmente tuvo que hacer de la reforma del sistema de justicia penal una prioridad importante.

La respuesta a la pérdida de los Estados Pontificios tardó décadas en tomar forma, entre la reforma de la Curia en 1908 y el Concilio Vaticano II (1962-65). También tomará décadas lidiar con la crisis de abuso sexual. La reacción de la Iglesia institucional siempre ha sido lenta, porque sigue una lógica de acumulación y superposición de nuevas estructuras sobre estructuras antiguas – no de reemplazar estructuras viejas por otras completamente nuevas. La reacción de la Iglesia parece aún más lenta ahora por el sometimiento de todas las instituciones a una mediatización que ayude a dar voz a las víctimas. Esto ha tenido efectos mixtos en los esfuerzos de aquellos que intentan generar cambios.

Además, la crisis de abuso ha ejercido una enorme presión y tensión en el sistema legal de la Iglesia Católica. Ha planteado una serie de nuevas cuestiones. Por ejemplo, cómo equilibrar la presunción de inocencia con la furia por los atroces crímenes de abuso sexual, especialmente de menores; cómo ejercer la autoridad papal para responsabilizar a los obispos y al mismo tiempo respetar el hecho de que, desde un punto de vista sacramental, el papa y los obispos son pares, y los obispos y cardenales "renunciados" siguen siendo miembros del colegio episcopal. Estos son problemas enormes que están cambiando sistemas delicados que la Iglesia ha calibrado continuamente durante siglos. Son problemas que también están desestabilizando la eclesiología del Vaticano II. Esto sería una carga enorme para cualquier Papa, y Francisco heredó este problema de sus predecesores.

 

El papalismo se ha incrementado

Pero luego hay algunas elecciones que ha hecho el papa jesuita de 86 años que deben analizarse por la forma en que han tratado legal y "políticamente" la crisis de abuso. Su respuesta al escándalo ha aumentado la tasa de papalismo en la Iglesia Católica a expensas de otros cuerpos colegiados que supuestamente ayudan al Papa en su ministerio. Francisco quiere tener una Iglesia sinodal, pero el carácter colegial del trabajo de la Curia romana y del Colegio cardenalicio no ha mejorado en los últimos diez años. Como escribió el cardenal Walter Kasper en el prefacio de un libro publicado recientemente por el obispo Giuseppe Sciacca, canonista y exsecretario de la Signatura Apostólica, “El proceso de destitución de los obispos es un asunto serio que la Iglesia primitiva llevó a cabo de manera sinodal; no puede ser un acto administrativo, sino que presupone una acción colegiada”.

No importa lo que diga la constitución del Vaticano II sobre la Iglesia (Lumen gentium), los obispos ahora se ven cada vez más como administradores de franquicias que trabajan en nombre (o por delegación) de la Sede Apostólica, y no como verdaderos pastores en virtud de la sacramentalidad de su ordenación episcopal. También aparecen trágicamente debilitados en su figura de padres de su pueblo y amigos de sus sacerdotes. En el ordenamiento jurídico de la Iglesia, en los últimos años también se ha producido un giro con la sumisión de la Curia romana a la jurisdicción del Estado Vaticano, una especie de inversión de esa relación entre el Estado de la Ciudad del Vaticano respecto de la Sede Apostólica: se supone que el Estado Vaticano es sólo un servidor, y no el amo, de la Sede Apostólica.

Algunas de estas incertidumbres en la actividad legislativa del pontificado de Francisco son visible en la situación que hizo decidir a Hans Zollner a renunciar. El PCPM no tiene un mandato y una misión bien definidos en la redacción de Praedicate Evangelium (art. 78). Más de un año después de su publicación, no hay claridad sobre la relación entre el PCPM y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En su declaración explicando sus razones de la renuncia, Zollner dijo que "no estaba al tanto de ninguna regulación que gobierne la relación entre la Comisión y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe". No hay claridad sobre la relación entre el presidente del PCPM y el cardenal-prefecto del departamento doctrinal, ni sobre la relación entre el presidente del PCPM y el secretario de la misma comisión.

 

Nuevos problemas para la comisión vaticana

 Praedicate Evangelium no puede por decreto resolver un problema que fue evidente desde el principio. Marie Collins renunció a la comisión en 2017 debido a lo que ella llamó la "resistencia" del oficio doctrinal a su trabajo. Todavía no está claro cómo funcionarán la comisión y el dicasterio juntos. Luego hay nuevos problemas. Otros ex miembros prominentes de la PCPM, como la baronesa Hollins y la hermana Jane Bertelsen, han expresado sus preocupaciones en público sobre el mandato del PCPM. Ellas también han cuestionado la idoneidad de colocar la comisión dentro de la oficina doctrinal del Vaticano.

Sin embargo, en lugar de ocuparse de esas preocupaciones apremiantes, el PCPM ahora se está dedicando a tareas nuevas, y más que desalentadoras. El presidente del PCPM, el cardenal Sean O'Malley, reveló recientemente una de ellas cuando citó un mensaje del Papa (fechado el 8 de marzo) a los participantes en la Segunda Conferencia Latina Congreso Americano sobre la Prevención del Abuso, que tuvo lugar en Asunción, Paraguay. "Él [Francisco] recordó cómo la Comisión Pontificia o la protección de menores tiene la función de supervisar la correcta aplicación de Vos estis lux mundi, para que las personas maltratadas tengan caminos claros y accesibles para buscar justicia", dijo O'Malley.

Pero, hasta ahora, el PCPM se ha negado a comentar sobre casos individuales, como el del cardenal Jean-Pierre Ricard, de 78 años. El ahora jubilado arzobispo de Burdeos (Francia) era, y todavía parece ser, miembro del mismo Dicasterio para la Doctrina de la Fe del que forma parte el PCPM. Admitió en noviembre de 2022 que cometió actos "reprobables" de carácter sexual contra una niña de 14 años unos 35 años antes. (Ricard reveló esto después de que expirara el plazo de prescripción según el código penal francés).

Más importante aún, los abogados canónicos tienen dudas sobre la competencia y autoridad del PCPM para "supervisar" la implementación de Vos estis para toda la Iglesia, y mucho menos el hecho de que esto parece haber creado más caos legal. Esto expone al PCPM a un tipo de responsabilidad, potencialmente de cualquier persona en el mundo, que antes no existía. No hay duda de que el Papa Francisco ha sensibilizado a toda la Iglesia sobre la plaga del abuso sexual. Y ha tratado de implementar valientes reformas institucionales y legales. El cardenal O'Malley también ha aportado credibilidad eclesiástica a los esfuerzos de reforma de Francisco, y en momentos clave ha ayudado enérgicamente al Papa a ajustar su mensaje (como durante el viaje papal a Chile en 2018).

Pero en este momento, está claro que estos esfuerzos necesitan correcciones. El "patriotismo papal" que ha hecho que muchos católicos defiendan a Francisco de los ataques sin precedentes contra su legitimidad (incluido un intento de derrocarlo con un uso instrumental del caso del ex cardenal Theodore McCarrick) no puede ignorar las inconsistencias legales e institucionales que todavía muestra la respuesta del Vaticano a la crisis de abuso. El papado ahora vive y muere por eventos públicos y mediáticos, pero la Iglesia también necesita un enfoque sistemático y consistente del papel de la ley y sus instituciones.