Más de 100 organizaciones denuncian a través de la Campaña #Vidasinrastro, los impedimentos y el abandono de las familias de las miles de personas que cada año desaparecen o fallecen en la frontera sur
Fuente: Noticias Obreras
FOTO | Gabriel Tizón
La iniciativa, impulsada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) con el apoyo de un grupo de activistas internacionales por los derechos de las personas migrantes, demanda crear una oficina que asegure la atención integral a las familias, convenios con los países de origen o un protocolo para el banco de ADN.
Solo entre el 8 y el 9 de mayo en la ruta canaria, han perdido la vida al menos 72 personas. El año pasado, se documentó la muerte de 2.126 las personas en la ruta migratoria hacia España, (1.457 cadáveres rescatados y 669 personas desaparecidas), aunque muy probablemente la cifra real de vidas perdidas se acerque a las 4.000. Desde que se documentó el primer naufragio de una patera en la frontera sur europea, en 1988, más de 12.208 personas han perdido la vida, fruto de las políticas y prácticas migratorias, según APDHA.
La organizaciones que promueven la campaña han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Español, para que se adopten los protocolos y mecanismos necesarios que aseguren el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas fallecidas, desaparecidas y sus familias. “Son muchas las personas que contactan con activistas y entidades para localizar a sus familiares, porque no existe un protocolo claro, con medidas reales y adaptadas a las situaciones que se producen en la frontera sur”, declaran desde la organización de la campaña.
En países como Túnez, Senegal y a otros países africanos, se están realizaciones movilizaciones similares para responder a las necesidades de las familias de las personas fallecidas durante el tránsito a Europa, “porque ese sufrimiento no es solo por no poder hacer el duelo o por la incertidumbre de desconocer qué ha ocurrido, sino también, porque afecta a muchas cuestiones de la vida cotidiana como los derechos sucesorios o la posibilidad de rehacer la vida en el caso de personas casadas”, explican.
Además, critican que “la falta de transparencia por parte de la Administración hace que las familias dependan de la buena voluntad del funcionariado para conocer el paradero de sus familiares que, en muchas ocasiones, se entierran con el nombre de ‘desconocido’ o de ‘inmigrante’, despojándoles así de toda dignidad”. “La garantía de derechos no puede depender de las buenas voluntades, sino que estos deben ser reconocidos y protegidos con instrumentos y mecanismos reales”, insisten.
La desprotección institucional y la falta de un marco que atienda a la dimensión transnacional ocasiona vulneraciones de derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos post mortem de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias. Esta inacción y opacidad es una forma voluntaria de castigo o tortura hacia las familias y de deshumanización hacia las personas que deciden, o no tienen más remedio, que emprender un proceso migratorio, según argumentas estas organizaciones.
Las promotoras de la campaña enmarcan su petición dentro de las sistemáticas vulneraciones de derechos que se producen como consecuencia de las políticas migratorias actuales. Asimismo, han acompañado el manifiesto de denuncia de siete propuestas, basadas en el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales, tales como la creación de una oficina que asegure una atención integral en la denuncia, búsqueda, localización e identificación de personas fallecidas o establecer un protocolo específico de actuación para el banco de ADN, en coordinación y cooperación con los países de origen, por ejemplo.
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