Fuente: Noticias Obreras
Activistas de la campaña Banca Armada han participado en la Junta de Accionistas del Banco Santander, gracias a la delegación de voto de diversas accionistas críticas, para denunciar la implicación de esta entidad bancaria en empresas armamentísticas durante el período 2019-2021, con inversiones de más de 5.400 millones de euros.
La activista Sara Manresa ha explicado que, durante el período 2019-2021, el Banco Santander ha financiado ocho empresas que fabrican armamento nuclear, sumando un total de 5.344 millones de euros, añadiendo que “esto supone, según los datos de los que disponemos, un incremento del 174% respecto al período anterior en lo que refiere a inversiones en empresas que fabrican armas nucleares”.
Cabe recordar que en enero de 2021 entró en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, después de que 51 países lo ratificaran. Ese tratado prohíbe explícitamente la fabricación, el desarrollo, la adquisición, el almacenaje y el emplazamiento de armas nucleares, así como prohíbe usar o amenazar con usar dichas armas, y finalmente, también prohíbe que se asista o se ayude de cualquier forma para que se puedan realizar estos actos prohibidos.
Las ocho empresas financiadas por el Banco Santander, han sido Boeing, Airbus, Honeyell Internatiownal, Safran, Thales, Fluor, Leonardo y Raytheon Technologies.
Boeing, Raytheon Technologies y Honeywell Internacional están fabricando componentes clave para los misiles nucleares intercontinentales Minuteman III. Entre las tres han recibido más de 2.800 millones de euros en financiamiento del Santander, tanto en créditos como en operaciones de emisión de bonos (underwriting).
Por otro lado, el Banco Santander también ha financiado a Airbus, Safran y Thales, quienes producen y hacen tareas de mantenimiento de los misiles nucleares balísticos M51, utilizados en los submarinos franceses. Entre las tres han recibido más de 2.300 millones de euros también en créditos y operaciones de underwriting.
La militarización de fronteras
La también activista Gemma Amorós ha denunciado que el Banco Santander está utilizando el conflicto armado en Ucrania para lavar su imagen, y ha destacado: “en años anteriores estuvimos denunciando y relacionando su implicación financiera con empresas que fabricaron armamento que luego fue utilizado en conflictos armados como el del Yemen. Y les tendría que caer la cara de vergüenza de utilizar el conflicto de Ucrania para lavar su imagen con campañas de donaciones y de supuesto altruismo”.
Y es que desde hace muchos años, a la frontera sur del Estado español y a Canarias llegan personas que huyen de conflictos como Siria, Etiopía, Somalia, Libia o el Sahel, o que huyen de zonas en tensión o que simplemente buscan un lugar mejor dónde vivir a salvo y en paz. Cuando estas personas llegan a nuestras fronteras, se les recibe de forma inhumana a causa del sistema de militarización y securitización que tenemos instalado para proteger la Europa Fortaleza.
Según los datos obtenidos por la campaña Banca Armada, el Banco Santander ha financiado al Grupo Eulen, ATOS y Accenture. Todas ellas forman parte de las empresas contratistas que han recibido encargos a la frontera sur para hacer, por ejemplo, servicios de mantenimiento y reparación tanto de puestos fronterizos como de los CETI (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes), donde se vive en una sobreocupación “sistemática” y donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos. El Grupo Eulen, empresa que ha recibido casi 65 millones de euros en créditos del Banco Santander, tiene 42 contratos para gestionar este tipo de instalaciones.
El Banco Santander también facilitó operaciones de underwritting por valor de 47 millones a ATOS, que se lucra también del negocio de la militarización de la frontera sur, concretamente a través de 26 contratos, entre otras cosas, para el mantenimiento de los radares del sistema SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior).
Además, también se ha podido conocer que el Santander ha dispuesto de casi 11 millones de euros en acciones de Accenture. Amorós ha destacado que “Accenture, junto con otras empresas, ganó un contrato marco de 157 millones de euros para desarrollar el Biometric Matching System (BMS), que es un componente básico de los sistemas de identidad que utiliza la UE para militarizar sus fronteras, reproduciendo así la narrativa de que la crisis humanitaria de las personas refugiadas es una amenaza a la seguridad”, y ha concluido: “en 2020 había 34 conflictos armados en el mundo, entre ellos el de Ucrania del este, que empezó en el año 2014. Los conflictos armados empiezan y se perpetúan gracias a las armas y a los bancos que las financian”.
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