Abusos en la Iglesia: el camino italiano

Fuente:   Settimana News

por: Lorenzo Prezzi

07/04/2022

 

Una simple mención en la introducción y en la declaración del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) del 23 al 25 de marzo: las 226 diócesis han acordado las pautas para el abuso y han nacido 140 centros de escucha para las víctimas.

Detrás de las cifras, se está elaborando la forma italiana de abordar el tema. La tormenta que ha puesto en serias dificultades a la Iglesia universal (de Chile a Alemania, de Australia a Irlanda) la afrontarán los obispos de nuestro país que, el próximo mes de mayo, tendrán que discutir y votar la hipótesis de trabajo prevista.

El compromiso no será sólo interno a la Iglesia, ni nos apoyaremos en comisiones externas o iniciativas parlamentarias. La elección está orientada a una doble vía. La Iglesia proporcionará todos los datos relacionados con los casos examinados en los diversos niveles de juicio. Desde el lado del gobierno, de manera completamente autónoma, se iniciará una investigación nacional sobre el problema de la violencia contra los menores en todo el espectro social: escuela, deporte, Iglesia, familia, etc.

El trabajo eclesial se beneficiará de todos los archivos diocesanos, religiosos, vaticanos (en lo que respecta a Italia) y pedirá ayuda a los tribunales civiles para las sentencias que han afectado a sacerdotes, religiosos, laicos activos en espacios eclesiales.

Por parte del gobierno, se espera un compromiso sustancial y se garantiza la plena colaboración.

 

La doble vía

La investigación eclesial debe abarcar las dos últimas décadas (a partir de 2001), como debe ser en el aspecto político. Un lapso de tiempo más largo elegido por los franceses (1950-2020) o por los australianos (1950-2010) o por los alemanes (1946-2014) es más difícil de manejar: los archivos están muy diferenciados, a menudo ausentes, y los profundos cambios en la sensibilidad pública requerirían una investigación diversificada también para los territorios y las clases sociales. Sucede, para el caso francés, por ejemplo, que el fenómeno criminal es más extenso en los primeros veinte años (1950-1970), donde es más difícil recuperar los hechos y los protagonistas.

La referencia de los debates internos de la CEI se refiere en primer lugar a Francia y a su Comisión (Ciase) (cf. SettimanaNews, aquí). ¿Por qué no seguir ese camino, apoyado y señalado por muchas asociaciones (desde Cáritas hasta los scouts, desde los cristianos "críticos" hasta las revistas y blogs eclesiales)?

 

Las respuestas son básicamente estas:

a) los números (216.000 víctimas) y su impacto no pueden ser apoyados sólo por una inferencia estadística de una encuesta sociológica, por muy bien realizada que sea. Lleva, por ejemplo, a atribuir 63 víctimas por cada abusador, resultado que no está confirmado por la literatura científica;

b) la responsabilidad de los obispos no puede limitarse a la iniciación y posterior recepción de los resultados. Sólo si se trata surgirá con fuerza la corresponsabilidad colectiva;

c) partiendo de una imagen lo más realista posible, las reformas, disposiciones y normas necesarias no surgirán de la cultura mediática, sino que deberían tener razones internas para un rumbo definitivo.

El hecho es que, aunque rechazada, la ruta Ciase fue y es la referencia. Esto se confirma por la hipotética apertura a los centros de escucha pública sobre el problema del abuso, en la creencia de que las víctimas no tienen plena confianza en los lugares (incluso si están reservados) de la Iglesia. En términos más generales, la Iglesia italiana puede hoy elegir su propio camino porque la sensibilidad pública y el impulso mediático no han alcanzado el punto crítico detectado en otras naciones y contextos.

 

La expectativa de los teólogos

El impulso para una comisión independiente es confirmado por dos eventos recientes. El primero es el lanzamiento (15 de febrero) de la Coordinación contra el Abuso, apoyada por media docena de siglas de asociaciones eclesiales. Ha recibido algunos comentarios en el extranjero, pero no en Italia.

El segundo, de mayor coherencia, es el comunicado de unos cuarenta teólogos y teólogas italianos, que apareció el 9 de marzo en Settimananews (aquí). Pide el establecimiento de una comisión externa independiente sobre el abuso sexual y de poder en la Iglesia italiana. La solicitud es consistente con la necesidad de superar la autorreferencialidad eclesial.

La Iglesia como orden eclesial autónoma no parece garantizar la justicia; "otros sujetos, en primer lugar las víctimas, tienen derecho a exigir una comisión independiente, con razones mucho más vinculantes".

"Lo que todos nosotros, hoy, miramos con doloroso asombro es precisamente la incapacidad del cuerpo eclesial (especialmente en su componente ministerial) para tomar conciencia del mal y enfrentarlo. Las repercusiones de este descubrimiento aún están por entenderse y, como teólogos y teólogas, no fallaremos en esta tarea. Uno, sin embargo, es inmediatamente evidente: la Iglesia debe mirar hoy con gratitud a la parte de la sociedad civil y de la cultura contemporánea que, con responsabilidad, la confronta con su pecado y sus incoherencias".

"Por esta razón, pedimos a los obispos italianos que establezcan una comisión que se base en la experiencia externa, cuya credibilidad no se puede dudar y que sepa asumir una tarea de escucha inteligente de las víctimas y atención responsable de las heridas del cuerpo eclesial, esas que durante mucho tiempo tenemos ocultas a nuestros propios ojos". La elección a la que se embarcan los obispos no estará exenta del estímulo de aquellos que, en la Iglesia, exigirán con razón transparencia, competencia y coraje.

 

Periodistas

En los ahora cuarenta años de denuncia de los abusos a los clérigos (los primeros informes son de los años 80) se superponen líneas de fuerza y dinamismo que se condicionan mutuamente: la denuncia de periódicos y medios de comunicación, las sentencias de jueces, el trabajo de comisiones estatales y autoridades independientes iniciadas por las Iglesias locales.

Entre los años 80 y 90 las denuncias nacieron muy a menudo de los medios de comunicación con los tonos y formas de los escándalos públicos, sin prestar especial atención a las responsabilidades internas y a las víctimas. A principios de 2002, el Boston Globe lanzó una serie de investigaciones en profundidad que revelaron la absoluta insuficiencia de la gestión eclesiástica de los casos recurrentes de abuso. El clamor particular está dado por una película posterior muy exitosa, Spotlight.

Decisiva es la formación de asociaciones de víctimas como la Red de Sobrevivientes. El trabajo clínico y terapéutico sobre el abuso de clérigos también comienza a desarrollarse. Desde 1992 el Instituto Saint Luke (en Washington) ha estado activo, produciendo los primeros resultados con respecto a los síntomas, las adicciones, el discernimiento clínico y las direcciones de atención de los agresores. La denuncia mediática se ha convertido en uno de los elementos estables para el reconocimiento público de los abusos en la Iglesia.

También sucedió en Polonia, donde en 2018 la película Kler sobre las ambigüedades dramáticas de tres sacerdotes tuvo un impacto decisivo para imponer el problema a la Iglesia y a la sociedad polaca. Además, también se debe a las quejas del diario español El País de que ahora (10 de marzo) la Iglesia española se adhiere a la decisión parlamentaria de iniciar una investigación nacional sobre el asunto.

 

Los jueces

El caso más sensacional de choque judicial se remonta a 2001, cuando el tribunal civil francés condenó al obispo Pierre Pican (Bayeux-Lisieux) a tres meses de libertad condicional por no haber denunciado al poder judicial a uno de sus sacerdotes culpable de abusos. Su rígida defensa de la autonomía jurisdiccional eclesiástica y del secreto profesional no fue apreciada por los jueces.

Los obispos, en su asamblea general de ese año, le dieron la bienvenida con un fuerte aplauso. Aunque, en esa ocasión, se publicó el primer documento en el que se invitaba a no dar ninguna cobertura a los abusos. Como evidencia del cambio total en el clima, cabe señalar que, en los primeros meses de 2022, muchas diócesis de Francia firmaron un texto de referencia con los fiscales para ayudar a la policía en investigaciones internas.

Limitándome a algunas figuras importantes, abrumado por la tormenta mediática, recuerdo la condena civil del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, acusado de abusar sexualmente de seminaristas. Reducido al estado laico en 2019, su historia fue abordada en un informe de la Secretaría de Estado del Vaticano (más de 400 páginas) que reconstruye toda la historia de una manera precisa.

Oponerse a las sentencias civiles para el cardenal australiano George Pell, acusado de acoso sexual, condenado en primera y segunda instancia y, finalmente, exonerado en 2020. Similar la sentencia del tribunal para Card. Philippe Barbarin, absuelto del cargo de encubrir a los autores de abusos en 2020.

También hay que señalar la furia inútil del tribunal de Bruselas contra Card. Godfried Danneels por una supuesta complicidad con el abuso del obispo Roger Vangheluwe en 2010. Varios casos del card. Hans Hermann Groȅr (Austria), denunciado y nunca investigado, que se llevó sus secretos a la tumba en 2003, y del card.  polaco Henryk Gulbinowicz, condenado por el tribunal eclesial en temas de abusos y también acusado de haber sido durante mucho tiempo informante de los servicios secretos del régimen comunista (2020).

 

Comisiones

Públicos, y por lo tanto más conocidos, los resultados de comisiones estatales o independientes. Así el Informe John Jay en los Estados Unidos (2011), el Informe Deetman en los Países Bajos (2011) y el Informe de la Comisión Real en Australia (2017). Las cifras de estos últimos fueron impresionantes: 17.000 víctimas de 1950 a 2010 y un porcentaje de sacerdotes acusados del 7% y, en algunas diócesis, del 15%.

El informe de los obispos alemanes en 2018 habla de 1.670 clérigos depredadores (sujetos al juicio canónico, 566) y 3.677 víctimas entre 1946 y 2014. El promedio en el clero es del 4,4%. Dos informes irlandeses (Ryan y Murphy) han producido una tormenta civil y una fuerte crítica a la Iglesia Católica.

También podemos mencionar el informe del fiscal de Pensilvania (EE.UU.) de 2018, que denuncia en seis de las ocho diócesis del estado más de 1.000 víctimas en manos de 301 sacerdotes a lo largo de 70 años. Entre las autoridades independientes, la más conocida y reciente es la francesa (Ciase). El 20 de enero de este año, se publicó un informe de un bufete de abogados encargado por la Iglesia local sobre casos de abuso en Munich entre 1945 y 2019, que se hizo conocido por la controvertida participación de Benedicto XVI cuando era obispo de la diócesis.

 

Tres comprobaciones

Al mismo tiempo, hay que contar las orientaciones y decisiones que la Santa Sede ha producido entretanto, con la sorpresa, especialmente en la última década, de una función fuertemente propulsora del centro en las periferias. Basta mencionar las tres cartas papales: a los católicos de Irlanda (Benedicto XVI, 2010); a los obispos de Chile (Francisco, 2018); al pueblo de Dios (Francisco, 2018).

Volviendo al caso italiano, son tres son las comprobaciones más importantes del trabajo que debe comenzar. En primer lugar, el papel de las víctimas. No sólo como un reconocimiento del mal perpetrado, sino como una fuente de interpretación de lo que ha sucedido. Las preguntas correctas son las suyas.

En segundo lugar, el problema de la dimensión sistémica del abuso en la vida de la Iglesia. Los abusos no son elementos marginales que pueden ajustarse fácilmente, sino que señalan un mal funcionamiento de algunos puntos centrales de la vida eclesial.

Por último, las indicaciones para las reformas necesarias. Si los abusos son imagen de la de - formatio Ecclesiae, la respuesta sólo puede ser la re - formatio Ecclesiae, la reforma de la Iglesia.

 

Publicado íntegramente en el periódico Domani (6 de abril de 2022).