Curas y religiosos se suman a movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca exigen a los obispos que se posicionen
“No desahuciarás al prójimo” se ha convertido en el undécimo mandamiento para una parte de la Iglesia que pide a los obispos que se pronuncien en contra de la sangría que sufre el Estado de bienestar y la exclusión de los más débiles. Combinan la sotana con la camiseta de la marea verde, pasan del padrenuestro a los cánticos del 15-M e intercalan catequesis con negociaciones con los bancos para ayudar a familias en proceso de desahucio. Son los nuevos curas rojos y creen que la Iglesia tiene el deber de luchar por la justicia social por orden del Evangelio.
Eubilio Rodríguez, Billy, es uno de los párrocos más conocidos entre los indignados de Madrid. Es el cura de Usera –una zona popular de la capital– y participa en las asambleas del barrio. "Hoy me he pasado la mañana negociando el alquiler social en una sucursal de Caja Castilla-La Mancha para una familia que ya ha recibido la orden de expulsión", contaba por teléfono este martes el último resistente del encierro en la catedral de La Almudena en junio del año pasado en contra de los desahucios.
“La labor que hace Cáritas está muy bien y es necesaria, pero su papel es el de dar ayudas inmediatas, de socorro. Lo que tenemos que hacer es luchar junto a otros movimientos sociales para protestar contra los derechos que nos están saqueando”, exclama Rodríguez, uno de los vocales del Foro de Curas de Madrid, una entidad que aglutina a un centenar de sacerdotes progresistas que presentó este miércoles, junto a otra treintena de colectivos católicos madrileños, un manifiesto en contra de los recortes. "Pedimos que la Iglesia exprese su opción por los pobres y los empobrecidos... Ha de reconocerse el derecho a la vivienda como un derecho humano y no dejarlo a la primacía del mercado", reza el comunicado del colectivo Evangelio, Justicia y Derechos Sociales.
La semana pasada, otro colectivo trasladó a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la iniciativa de blindar las jubilaciones en la Constitución. La Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones, formada por 82 entidades y un centenar de ciudadanos –entre católicos de base y civiles de varios puntos de España–, lucha por promover una reforma que proteja el poder adquisitivo de los pensionistas.
Unos se centran en la defensa de la vivienda, otros se rebelan contra la reforma educativa, que rechazan incluso en el punto que da más importancia a la religión en las aulas, y todos se rebelan contra las privatizaciones. Animadas por las declaraciones renovadoras del papa Francisco –que ha llegado a afirmar que el capitalismo "nos está llevando a la tragedia"–, al que consideran un nuevo guía espiritual que ha devuelto el Vaticano al pueblo, las comunidades religiosas de base vuelven a las calles.
Una quincena de párrocos de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) encabezaron el pasado miércoles una protesta en contra de los desahucios en Murcia a la que se sumaron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los yayoflautas. Joaquín Sánchez, cura en una cárcel y miembro de la PAH de la región desde 2010, es ya un viejo conocido de los movimientos sociales de la zona. Como cualquier otro miembro de la PAH, acude a las viviendas con orden de desahucio para intentar frenar la ejecución, ayuda a las familias a negociar una condonación de la deuda o un alquiler social y participa en las protestas –el 10 de octubre participó en la ocupación de una sucursal de Banco Popular y el 21, en una de Bankia, según cuenta–. "Se construye una relación muy bonita. Me tienen cariño. Para algunos es un consuelo que sea cura y se sinceran conmigo. Me cuentan sus problemas de pareja o con sus hijos. Me han llegado a decir: 'Estamos tan tensos [por el desahucio] que no nos damos ni un beso ni un abrazo. Y yo les consuelo", relata.
Dentro de la PAH de Murcia, los curas son "uno más". Lo cuenta María, de 62 años y miembro de la plataforma: "Defiende los derechos de los demás, da la cara y va el primero a todas partes". María y su marido viven con una pensión de 600 euros y están negociando su hipoteca con el banco. "A Joaquín le conozco desde hace muchos años. Es el párroco de mi iglesia de toda la vida. Ha casado a mi hija y oficiado el funeral de otra y la comunión de mis nietos", expone.
José Miguel Gambín es compañero de Sánchez y director del colegio concertado Don Bosco (en la localidad de Cabezo de Torres, en Murcia), donde se reúne la PAH una vez a la semana desde hace un año. La cesión del local es su aportación a la causa, además de invitar a los miembros de la plataforma a dar charlas en las clases de Ética. "Hay gente que no lo entiende, pero es cuestión de leer el Evangelio: estamos llamados a luchar por la igualdad social. No es una opinión", explica por teléfono.
"La parte de la Iglesia que más se oye en España, sin embargo, no va en ese camino", lamenta Gambín. El colectivo Evangelio, Justicia y Derechos Sociales dirigió su comunicado a Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y le pedía una reunión. "Fidel Herraez [obispo auxiliar de Madrid] nos ha dicho que la premura de tiempo no permitía al cardenal recibirnos, pero que los documentos le perecen correctos y acorde a la doctrina de la Iglesia", apuntó el miércoles Javier Poveda, miembro de la HOAC de Madrid en la presentación del comunicado. Invitó al arzobispado a pronunciarse antes de la concentración que han programado para el 1 de diciembre ante el Ministerio de Economía (muy cerca a la Puerta del Sol). Santiago Fuentes, portavoz del colectivo, interpretó así las palabras de la jerarquía eclesiástica: "El silencio es una forma de expresarse. A veces los hacemos mediante la palabra, y a veces en su ausencia". La Conferencia Episcopal, consultada por este periódico, rehusó posicionarse.
"Desde nuestro cristianismo nos vemos impulsados a denunciar la situación", afirmó Poveda junto a dos carteles: "No negarás la justicia al pobre" (Ex. 23.6) y "Si no hay trabajo, no hay dignidad" (P. Francisco).
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