Ex gestores del Cabildo en Cajasur recurren ante Economía

Varios ex consejeros del Cabildo Catedral en Cajasur presentaron ayer, justo el día en el que tomaba posesión el nuevo ministro del PP, Luis de Guindos, recurso de reposición ante el Ministerio de Economía contra las sanciones del Banco de España. También los demás grupos de ex gestores afectados por el expediente anunciaron que recurrirían unas sanciones que suman 2,4 millones de euros e inhabilitación para los ex presidentes Santiago Gómez Sierra (2 años) y Juan Moreno (1 año). Estas multas fueron propuestas por el Supervisor en abril, confirmadas sin atender a las alegaciones en noviembre y ratificadas por la ministra de Economía, Elena Salgado.

Diario de Córdoba




El recurso, informan estos ex consejeros, rebate los hechos expuestos por el Banco de España y recuerda que desde el 2004 Cajasur actuó bajo vigilancia del Supervisor, del que se siguieron los requerimientos, por lo que abrir expediente tras 6 años supone un trato "desigual y contrario a derecho", pues "el supervisor no puede ejercer su potestad" cuando quiera, "sino cuando aprecie indicios de infracción". Dicen que la resolución es "caprichosa y ajena a la realidad" y que Cajasur ha sido discriminada "por razones extrajurídicas". Esperan que el ministerio o los tribunales "corregirán esta injustificada e injusta actuación".

El caso:

Todos culpan al expresidente Castillejo

Candidatos del PP, PSOE e IU, que concurrieron a las últimas municipales, dos obispos (Bilbao y Sevilla) responsabilizan al exresponsable de la caída de Cajasur 

El País

Fue en 2004 cuando el Banco de España vio la luz. Concretamente, en un mes de septiembre de hace siete años, cuando se inició una inspección de la gestión de la hoy extinta Cajasur y entonces gobernada por el sacerdote Miguel Castillejo. "Esta inspección supuso un cambio total en la percepción supervisora que se tenía de la caja, determinando un perfil de riesgo global para la caja alto".

Así lo explica el Banco de España en su último informe sobre el expediente abierto a 38 exdirectivos de la extinta caja, aprobado por el consejo de gobierno del supervisor del pasado 26 de octubre. Esta resolución ha sido la que ha servido de base para que el Ministerio de Economía y Hacienda haya ratificado recientemente todas las sanciones, por valor de 2,6 millones de euros, contra los exresponsables de la caja.

La resolución del Banco de España es un resumen de las irregularidades de gestión detectadas por el supervisor entre 2004 y 2010. A lo largo de las 296 páginas del expediente se relatan las deficiencias de control interno, el incumplimiento de la cobertura mínima de recursos propios y la grave concentración de riesgos vinculada a grupos empresariales del sector de la construcción.

También se acusa a varios de los consejeros de ignorar las órdenes del Banco de España, que había decidido que la salida para el ruinoso estado de esta caja controlada por la Iglesia era la fusión con la malagueña Unicaja. Pero, en mayo de 2010, el consejo de administración de Cajasur rechazó esta unión. La entidad fue intervenida y, posteriormente, vendida a BBK que pidió 400 millones al Estado para quedarse con ella.

En la resolución del 26 de octubre también se contesta a las alegaciones de los 38 exdirectivos expedientados, entre los que están dos obispos -el de Bilbao, Mario Iceta, y el auxiliar de Sevilla y último presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra- y los candidatos de PP, PSOE e IU que concurrieron a las últimas elecciones municipales. El supervisor rechaza prácticamente todas las alegaciones. También la que hace referencia a la herencia que recibieron los responsables de Cajasur del expresidentes Miguel Castillejo, quien, tras casi 30 años al frente de la entidad, la abandonó el julio de 2005. Castillejo no ha sido sancionado en este último expediente.

Curiosamente, los representantes legales de los sacerdotes, políticos e impositores de la última etapa de Cajasur coinciden en culpar a Castillejo de los males que acabaron con esta caja centenaria. Los abogados Alfonso López López y Álvaro Martínez Rivero (que defienden a impositores, al representante del sindicato Aspromonte y a los miembros del Cabildo catedralicio, entre ellos Gómez Sierra,) "aducen que las deficiencias de control interno están vinculadas al año 2004".

Según los dos letrados, sus defendidos siempre actuaron "escrupulosamente" y intentaron atender con los requerimientos del supervisor. Pero no les fue posible cumplir debido a las "políticas y actuaciones de la caja provenientes de 2004" y a "la crisis económica".

En la misma línea se pronuncia el abogado Francisco Uría Fernández, que representa al grupo de consejeros de Cajasur vinculados a PSOE, PP e IU. Según estos expedientados los problemas que la entidad tenía entre 2005 y 2010 se arrastraban desde 2004. Luego, la crisis inmobiliaria iniciada en 2007 "hizo inviable una estrategia de diversificación del riesgo y de desinversión de activos que lograra remediar los desequilibrios detectados en la inspección de 2004". Por último, el exvicepresidente de la caja y sacerdote Fernando Cruz-Conde también utiliza la misma argumentación para concluir que la situación heredada debería servir para "exonerarles" de responsabilidad o, al menor, para "atenuarla".

"Estas argumentaciones deben rechazarse", resuelve el Banco de España en este último informe. El supervisor reconoce que los fallos de control interno se detectaron en 2004, pero "tales deficiencias continuaron en ejercicios sucesivos". Y pone como ejemplo la compra por parte de la caja del 50% de Arenal Sur 21 al promotor Rafal Gómez, "pese a las insistentes advertencias del Banco de España orientadas a desinvertir en el sector inmobiliario".

También señala el supervisor que en los últimos años se mantuvo la "arriesga política crediticia" y una "falta de compromiso del consejo de Cajasur para cumplir con eficazmente con las normas".