Jesús Martínez
Gordo
De entre los
muchos comentarios y posicionamientos que se han conocido sobre la implicación
de la iglesia catalana en el “procés” de independencia del 1–O hay dos que me han
llamado particularmente la atención.
Sin duda, uno
de los más provocadores ha sido el video grabado en la iglesia de Vila-Rodona (Tarragona).
Allí se puede ver a Francesc Manresa i Manresa, párroco del lugar, revestido
con alba y estola, mientras se procede al escrutinio y se canta a la Virgen de
Montserrat el “Virolai”. Procedí así, explica, para engañar a la policía en el
caso de que irrumpiera en la iglesia; una posibilidad no descartable, habida
cuenta de que en otras poblaciones de la zona habían retirado las urnas. Ese
día, concluye, la iglesia fue un lugar de acogida. Este sacerdote había
firmado, unos días antes, en unión con otros 400, una carta en la que
manifestaban que, dado que, hasta entonces, había sido imposible “pactar las
condiciones” para “llevar a cabo de forma acordada” “un referéndum de
autodeterminación”, consideraban “legítima y necesaria” su realización e
invitaban, por ello, a los católicos y a la ciudadanía a reflexionar y “votar
en conciencia” ejerciendo, de esta manera, el “derecho fundamental que tiene
cualquier persona a expresar libremente sus posiciones”. Pocos días después
enviaban al papa Francisco otra carta en la que, saliendo al paso de la protesta
del Gobierno español ante la Santa Sede por su posicionamiento, le informaban
de la iniciativa y solicitaban “su mediación” para que pidiera al Gobierno que
recapacitara sobre “su visceral oposición a este referéndum”.
Por estas
mismas fechas quien fuera profesor de teología en la Universidad Gregoriana de
Roma, Salvador Pié i Ninot, creía percibir en este apoyo al referéndum, indicios
que podrían ser tipificados como “integralismo católico”, “una forma más
moderna y sutil del clásico integrismo, por más que muchos de sus firmantes” no
fueran “conscientes de ello, ni teóricamente partidarios”. Entendía que buscaban
“una nueva articulación lo más ‘integradora’ posible y coincidente entre la fe
cristiana y una opción política”, algo evidente cuando ignoran, argumentaba, otras
opciones políticas, igualmente posibles y legítimas a la luz de la doctrina
social de la Iglesia. La respuesta no se hizo esperar: los firmantes del
manifiesto no estaban defendiendo, se adujo, “una opción política concreta,
sino “un derecho fundamental en una situación excepcional”.
El obispo
de Solsona, Xavier Novell, iba más lejos de la llamada realizada por sus compañeros
catalanes en el episcopado cuando, en el año 2017, insistieron, en referencia a
“la legitimidad moral de todas las opciones políticas” que éstas se basaran “en
el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos” y que
buscaran “con paciencia la paz y la justicia”. Iba más lejos porque manifestaba,
poco antes del 1-O, que, si ese día había urnas, iría a votar como protesta
ante el Estado español por negar “el ejercicio de la autodeterminación” al
pueblo catalán. Y así lo hizo. Al día siguiente del fallido referéndum,
constatada la violencia desplegada por las fuerzas del Estado, las calificaba,
en un comunicado, de “guerrillas policiales” y criticaba, a continuación, a sus
compañeros en el episcopado español por no denunciar semejante violencia. Además,
manifestaba admirar “la valentía y la resistencia pacífica de aquellos que defendieron
el ejercicio legítimo del derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo”. Y
finalizaba pidiendo a todos los políticos que articularan “una salida
pacífica y justa para la nación catalana, respetando los derechos
legítimos de este pueblo, entre los que sobresale el derecho a la
autodeterminación”.
Mons.
Novell entendía, más allá de otros posibles comentarios provocados por su intervención,
que la existencia de un derecho de autodeterminación era algo indiscutible; un
asunto al que otros ponían una cierta sordina. Concretamente, manifestaba J. I.
González Faus unas horas después, sería bueno que politólogos y teólogos
determinaran “el alcance exacto de todas las declaraciones (de la ONU y de la
Iglesia católica) sobre el derecho de los pueblos a decidir su independencia”,
entre otras razones, porque no está suficientemente clarificado si se refieren
sólo a las colonias en otro continente (que existían cuando se redactaron esas
enseñanzas) o también a partes de un mismo territorio. Y, si así fuera, de qué
modo. Urgía a ello porque constataba que se apelaba mucho a estas
declaraciones, dándoles siempre la interpretación que le parecía conveniente a
cada una de las partes.
A estos
dos hechos y debates en la Iglesia católica catalana, para nada menores, habría
que añadir otros referidos al concepto de unidad, a la relación entre legalidad
y legitimidad y, sobre todo, a la articulación entre libertad y solidaridad. Su
tratamiento queda para otra ocasión que, seguro, la habrá.
